BUENOS AIRES - La jornada del 12 de marzo de 2025 quedará marcada en la historia argentina por la violencia con que las fuerzas de seguridad arremetieron contra los manifestantes en los alrededores del Congreso de la Nación.

La movilización, que convocó a jubilados e hinchas de fútbol en apoyo a los reclamos por los haberes jubilatorios y la extensión de la moratoria previsional, culminó en un operativo represivo desmedido que dejó como saldo 114 detenidos, veinte manifestantes heridos y un fotógrafo en estado grave que pelea por su vida en el Hospital Ramos Mejía.

El Gobierno, a través de distintos ministros, argumentó que los manifestantes fueron infiltrados por barras bravas y que se incautaron armas, aunque existen videos que sugieren la manipulación de pruebas y provocaciones policiales para incentivar la comisión de delitos. Uno de ellos muestra a un policía dejando un revólver en el piso y en otro puede verse que efectivos dejaron abandonado un auto policial -que luego fue incendiado- con las puertas abiertas de par en par.

Las fuerzas de seguridad -del operativo participaron Prefectura, Gendarmería y la Policía de la Ciudad- desplegaron un operativo de características militares para dispersar a los asistentes, entre los que también se encontraban organismos de derechos humanos, sindicatos, excombatientes de Malvinas y personas autoconvocadas- con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y disparos con balas de goma.

El operativo, que comenzó con signos evidentes de provocación, como patrulleros abandonados y policías de civil listos para generar disturbios, provocó una gran alarma en la ciudadanía. A medida que la represión se intensificaba, imágenes de la brutalidad policial inundaron las redes sociales, con escenas de jubilados golpeados y niños asustados por el caos.

La desmesura, la desigualdad de fuerzas y la no-causalidad de la represión son fácilmente detectables. Basta con mencionar que dos menores de 12 y 14 años que acababan de salir del colegio y estaban buscando dónde tomarse un colectivo para volver a sus casas -debido a los cortes, muchos habían debido cambiar sus recorridos- fueron interceptados por la policía, que los detuvo durante cuatro horas y les ató las manos con precintos.

Una señora de 87 años resultó herida por un fuerte golpe en la cabeza que le propinó un policía en la esquina de Callao y Rivadavia y debió ser trasladada al Hospital Argerich luego de impactar con violencia contra el suelo como consecuencia del impacto.

La violencia policial alcanzó también a trabajadores de prensa, que recibieron gases y disparos de bala de goma. El fotógrafo freelance Pablo Grillo (35) resultó gravemente herido luego de recibir un golpe en la cabeza con una cápsula de gas lacrimógeno que le causó pérdida de masa encefálica. El joven fue operado anoche pero su estado sigue siendo crítico y el pronóstico reservado.

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) brindó esta mañana una conferencia de prensa y emitió un comunicado en el que reclama la renuncia “indeclinable” de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y critica el operativo llevado adelante por las fuerzas de seguridad.

“Hoy, quien fuera nuestro alumno en aRGra Escuela, Pablo Grillo, ha sido vilmente herido de gravedad por fuerzas de seguridad. No habrá sido porque no advertimos el grado de peligrosidad de Patricia Bullrich. Y fue herido, y su vida corre peligro, porque no hubo ni un solo resorte político, institucional o judicial que le pusiera freno a su impericia asesina y demagógica”, expresaron.

Además, remarcaron que ya en diciembre de 2023 habían alertado que para el Ministerio de Seguridad “las y los reporteros graficos eran ‘objetivos a reprimir,” y que en ese momento lo habian fundamentado en que, en aquella ocasión, el gobierno de Javier Milei había herido a 20 de los asociados de la organización.

Micaela Bracco, del Patronato Inas de Argentina y representante local de la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CILS), en diálogo con Il Globo, se solidarizó “con los trabajadores, jubilados y sociedad civil que han sufrido una violencia institucional inaudita contra su derecho a manifestarse libre y pacíficamente y exigir sus derechos”.

La represión generó un fuerte repudio en toda la Ciudad de Buenos Aires, donde miles de personas salieron a sus balcones y a las calles a cacerolear. Aquellos que se apostaban en distintas esquinas de Corrientes decidieron, luego de algunas horas de manifestarse, caminar por la avenida en sentido hacia el Congreso. A la 1 de la madrugada, la gente seguía llegando a las inmediaciones del lugar. “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, “Unidad de los trabajadores” y “Que se vaya Milei” eran algunos de los cánticos que se escuchaban.

Cacerolazos (Foto: ANSA)

A esa hora llegó un fallo de la jueza Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, que ordenó la libertad de las 114 personas arrestadas en en el centro porteño. Para la magistrada, las detenciones ponían en juego “un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos”.

La respuesta del Gobierno no tardó en hacerse escuchar. Para el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona,  “no se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad”. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich sostuvo que los manifestantes eran “delincuentes organizados, piqueteros y militantes” que buscaban “desestabilizar”, mientras que el portavoz Manuel Adorni acusó a la jueza de ser “cómplice”.

En el Congreso, mientras las calles eran escenario de represión, la Cámara de Diputados vivía una tensa escena: el presidente de la Cámara, Martín Menem, interrumpió de manera irregular una sesión clave que podría haber debilitado el poder de Javier Milei -había quórum para quitarle las facultades delegadas que posee desde diciembre del 2023-, en lo que muchos interpretaron como una maniobra para proteger al presidente ante la pérdida de apoyo entre los legisladores.