BUENOS AIRES – En una jornada marcada por la tensión política, el Senado de la Nación rechazó los pliegos impulsados por el presidente Javier Milei para designar al académico Manuel García-Mansilla y al juez federal Ariel Lijo como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La votación fue contundente: García-Mansilla obtuvo 51 votos en contra y 20 a favor, mientras que Lijo cosechó 43 rechazos, 27 adhesiones y una abstención, quedando ambos lejos de los dos tercios necesarios para ser confirmados.
Los nombramientos habían sido oficializados por el Ejecutivo mediante el decreto 137 del 25 de febrero, que apelaba al artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, el cual habilita al presidente a realizar designaciones “en comisión” durante el receso legislativo. Sin embargo, el decreto fue rápidamente cuestionado por organizaciones civiles como CEPIS, que argumentaron que no existía una urgencia real, ya que restaban apenas cinco días para la reanudación del Congreso.
En paralelo al rechazo parlamentario, el juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar que impide a García-Mansilla ejercer funciones en la Corte. También instó al tribunal a no tomarle juramento a Lijo, quien aún no había asumido. La decisión judicial se conoció apenas minutos después de la votación en el Senado, intensificando el conflicto institucional en torno al máximo tribunal.
Hasta la jura de Mansilla, la Corte funcionaba con solo tres miembros tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la reciente salida de Juan Carlos Maqueda en diciembre de 2024. El gobierno sostiene que así no puede trabajar la Corte: para tomar una decisión, se requiere que los tres jueces voten en unanimidad.
Desde el Ejecutivo, la respuesta fue inmediata y enérgica. A través de un comunicado, el gobierno libertario acusó al Senado de actuar como “el refugio de la casta política” y de convertirse en “una máquina de impedir”, priorizando intereses judiciales y partidarios por sobre el buen funcionamiento de la República.
El Gobierno congela la estrategia y mira hacia el recambio legislativo
Tras el golpe parlamentario, la Casa Rosada decidió frenar toda iniciativa relacionada con la Corte Suprema. Fuentes cercanas al asesor Santiago Caputo y al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, confirmaron que no se impulsarán nuevos nombres hasta después del recambio legislativo previsto para diciembre. Aunque el oficialismo asegura contar con otros candidatos, admiten que en el escenario actual carecen de los votos necesarios para avanzar. La expectativa está puesta en duplicar la representación libertaria en la Cámara alta luego de las próximas elecciones, lo que podría cambiar la relación de fuerzas.
En este contexto, García-Mansilla resiste en su cargo, aunque enfrenta una ola de cuestionamientos judiciales y políticos. Lijo, en cambio, es considerado por el oficialismo como una figura ya descartada. En la Corte, los actuales jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deberán ahora pronunciarse sobre el estatus de su colega designado en comisión, en medio de un clima de fuerte incertidumbre institucional.
