MONTEVIDEO - Giovanni Salvi, ex procurador general de la Corte de Casación, es quizá el magistrado italiano que, a lo largo de una extensa carrera, investigó más profundamente el complejo entramado de relaciones que unía a las dictaduras sudamericanas y a las organizaciones extremistas italianas e internacionales de los años setenta.

En Montevideo, donde participó de una serie de encuentros dedicados al Plan Cóndor y a la cooperación judicial internacional, repasó los momentos centrales de las investigaciones que llevaron a revelar la densa red de alianzas y complicidades que unía, durante la Guerra Fría, a aparatos de inteligencia, grupos neofascistas y regímenes militares en un único proyecto transnacional de represión política.

Según el ex magistrado, ese tipo de colaboraciones cambió, pero no desapareció. “Hoy se basan sobre todo en la comunanza de algunos fundamentos ideológicos y en el uso de la web como herramienta de conexión entre varios sujetos en el mundo, pero también como medio de penetración en las comunidades”, explica Salvi, señalando que, en cambio, durante la Guerra Fría, existían estructuras organizadas reales, con intercambio de hombres, información e incluso medios para la clandestinidad.

“Había relaciones estrechas, bien probadas en los distintos procesos penales en Italia, entre estas organizaciones de extrema derecha y algunos gobiernos dictatoriales, en particular con la España de Franco”, especifica. Tras la muerte del Caudillo, esos vínculos se trasladaron a la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional) chilena, la inteligencia del régimen de Pinochet.

Hoy, en cambio, según el ex magistrado las nuevas derechas radicales se inspiran en modelos distintos, como la leaderless resistance (pequeños grupos autónomos que operan sin coordinación para un objetivo común), nacida en Estados Unidos, y en una ideología que retoma temas clásicos de la extrema derecha de la primera mitad del siglo pasado: “La pureza de la raza, el odio hacia el diferente, el antisemitismo. Son elementos que remiten a las raíces del nazismo, aunque en formas completamente cambiadas”, explica en el curso de una entrevista que concedió a nuestro diario.

El caso de Bernardo Leighton, exiliado chileno víctima de un intento de asesinato en Roma en 1975, sigue siendo para Salvi emblemático del modo en que, en esos años, se entrelazaban las operaciones entre servicios secretos sudamericanos y grupos extremistas europeos.

Para contar el tortuoso recorrido de las investigaciones sobre el caso, empieza por un elemento que a la distancia parece paradójico. “La Corte consideró que la presencia en Italia, bajo falso nombre, de Michael Townley, agente de la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional, la policía secreta chilena en tiempos de la dictadura de Pinochet, ndr.) y probablemente también de la CIA, introducía un elemento de duda sobre la responsabilidad, en el delito, de Pierluigi Concutelli y Stefano Delle Chiaie, terroristas de la extrema derecha. En realidad, Townley era el instigador que se sirvió justamente de la célula italiana para la operación”, cuenta.

Sin embargo, ese elemento no fue probado en el momento de las investigaciones. Y solo en los años noventa nuevas verificaciones sobre el caso llevaron a un resultado concreto.

“Me puse en contacto con el juez Adolfo Bañados Cuadra, que en Chile llevaba los procesos sobre la dictadura, y gracias a los elementos recolectados por él, me dirigí también a la Argentina para obtener más pruebas. Juntando toda la información llegué con certeza a identificar a Townley como responsable”, explica el ex procurador.

Salvi recuerda también, a este respecto, un episodio ligado a Giovanni Falcone: “Por pura coincidencia, el último acto firmado por Falcone antes de partir hacia Palermo, donde después fue asesinado, fue mi pedido de asistencia judicial para Chile”.

Cuando el entonces embajador italiano en Santiago, Michelangelo Pisani, supo que la Corte Suprema chilena había rechazado la rogatoria, se enfureció y declaró durísimamente. “Imaginate: era 1992, Italia estaba conmocionada por la muerte del Falcone. El gobierno chileno intervino, la Corte Suprema dio marcha atrás y yo obtuve la autorización”, cuenta Salvi.

Durante esas mismas investigaciones, el ex magistrado tuvo acceso también a los archivos de inteligencia argentinos, donde fueron encontrados documentos de la inteligencia chilena en 1978. “Pude entrar al Side y obtener los documentos que habían secuestrado al servicio secreto chileno: creo que fui el primero, y quizá también el último, al que le permitieron eso – relata –. Para un fiscal fue como recibir un trencito en Navidad”.

Ese material, de hecho, permitió finalmente reconstruir la intrincada red de coberturas y seudónimos usados por los servicios chilenos y argentinos para operaciones en el exterior. En particular, surgieron los nombres de cobertura “Muñoz” y “Don Elías”, este último identificado como José Eduardo Iturriaga Neumann – oficial de la Dina y jefe de la custodia del dictador chileno – considerado entre los instigadores del intento de asesinato de Leighton.

El nombre “Muñoz”, en cambio, ya había aparecido en Italia en 1976, veinte años antes, en una nota encontrada durante el allanamiento del escondite de via Sartorio en Roma, refugio de Concutelli, Delle Chiaie y otros militantes de Ordine Nuovo y Avanguardia Nazionale, dos grupos terroristas de extrema derecha. Junto a “Muñoz” aparecía también “Andrés”, el seudónimo del propio Michael Townley, y los nombres de quienes, un año después, en septiembre de 1976, asesinarían en Washington al embajador chileno Orlando Letelier.

“Lamentablemente, mis colegas no los entendieron, la policía judicial no hizo nada y solo cuando yo los retomé en 1992-93 pude juntar todos esos nombres y tener una prueba cierta, indudable, del involucramiento de elementos de Ordine Nuovo y Avanguardia Nazionale, unidos para el atentado contra Leighton”.

Entre los nudos de la trama extremista internacional, Salvi recuerda también el rol de la logia masónica P2 de Licio Gelli, cruce opaco de intereses políticos y financieros entre Italia y América Latina. “Tuvo una influencia profunda en la vida política italiana desde sus orígenes, y sus vínculos con la Argentina y el Uruguay fueron significativos”, observa.

Al reconstruir aquellos años, Salvi recuerda en particular la figura de Vittorio Occorsio, magistrado asesinado por Pierluigi Concutelli en 1976, pocos meses después de investigar fondos sospechosos ligados a la compra de la sede romana de la logia.

“Fue asesinado con una pistola ametralladora Ingram que resultaba cedida a los servicios secretos españoles - continúa -. Es probable, pero no probado judicialmente, que el mismo grupo de exiliados de los servicios franquistas estuviera involucrado también en otros homicidios políticos, como la masacre de Calle Atocha en Madrid y que hubiera proporcionado armas a la extrema derecha italiana”. La masacre a la que se refiere ocurrió en 1977, cuando en un ataque a un estudio jurídico laboralista fueron asesinados cinco abogados cercanos a ETA y al independentismo vasco en pleno centro de la capital española.

El caso Occorsio, como otros de esos años, revela así un sistema de conexiones que iba mucho más allá de las fronteras nacionales.

De las redes extremistas del pasado, el discurso de Salvi se desplaza al presente de las organizaciones criminales transnacionales, en particular las dedicadas al narcotráfico. Estos grupos, según el ex procurador, tienen hoy en muchas áreas de América Latina un poder comparable al de las mafias italianas de los años ochenta y noventa y métodos no muy distintos.

“La violencia simbólica de hoy recuerda a la de las masacres mafiosas. Los cuerpos colgados de los puentes en México son mensajes, exactamente como lo eran ciertos homicidios rituales con piedras en la boca en Italia”, subraya.

Algunas respuestas gubernamentales a este fenómeno, sobre todo en la región centroamericana, sin embargo, despertaron graves interrogantes sobre el respeto del derecho internacional y los derechos humanos.

En particular, en los últimos meses, el presidente Donald Trump ordenó bombardear en el Caribe todas las embarcaciones sospechadas de transportar droga, operaciones que provocaron la destrucción de al menos dieciocho naves y la muerte de sesenta y nueve personas, sin aportar pruebas precisas de que se tratara de traficantes y no de pescadores. Mientras tanto, en El Salvador el presidente Nayib Bukele llevó adelante una guerra sin tregua contra las pandillas juveniles, disponiendo la detención de decenas de miles de personas, muchas veces sin un procedimiento judicial regular y en condiciones duramente cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.

“Trump comete actos que son abiertamente contrarios al derecho internacional, y lo hace sin que haya ninguna prueba, o al menos sin que jamás se haya hecho pública, que justifique tales acciones”, explica Salvi, sosteniendo que “no se puede simplemente destruir una embarcación: habría que detenerla, arrestar a las personas a bordo y juzgarlas, incluso para poder reconstruir la cadena criminal”.

Respecto de las medidas del modelo salvadoreño, “están claramente en contraste con los derechos fundamentales”, afirma, aunque agrega que “los países que se encuentran enfrentando estas situaciones viven momentos de grave dificultad y se encuentran ante encrucijadas dramáticas. Por eso es importante intervenir antes de que la situación se descontrole”.

Una advertencia que dirige también al Uruguay, donde el crimen organizado muestra señales de creciente agresividad. En octubre de este año, un atentado contra la procuradora general Mónica Ferrero – que investiga a los carteles del narcotráfico y las infiltraciones en las instituciones – sacudió al país: dos hombres saltaron el muro de su casa alrededor de las 5 de la mañana, disparando contra la vivienda y arrojando una granada al patio.

“No se puede decir que haya sido solo un acto de intimidación –advierte Salvi–. La procuradora no puede quedar sola: tiene que sentir el apoyo de la opinión pública y del Estado, de todas las maneras posibles”.

Según el ex magistrado, el episodio demuestra cuán urgente es reforzar la cooperación regional y la confianza en las instituciones democráticas. “Acá en Uruguay están todavía en una fase inicial del fenómeno, sobre todo como canal de tránsito. Pero es fundamental que los Estados que están en esta fase actúen con determinación, y siempre en pleno respeto de las normas de derecho”.

Desde su experiencia como procurador en Catania, Salvi vincula luego la cuestión criminal con la migratoria. “Entre 2013 y 2014, de unos 170 mil migrantes llegados a Italia, casi dos tercios desembarcaron en las aguas de mi distrito, en Catania - recuerda -. Era una tragedia humana continua, era devastador abrir una bodega y encontrar los cuerpos de decenas de personas, muchas veces chicos. La única manera de evitar nuevas muertes era golpear a las organizaciones criminales que gestionaban los tráficos”.

Durante esos años, entonces, bajo su conducción la fiscalía de Catania desarrolló una interpretación innovadora de la Convención de Palermo de la ONU de 2000 (tratado multilateral contra la criminalidad organizada transnacional), extendiendo la jurisdicción italiana hasta 200 millas de las costas para poder interceptar las llamadas “naves madre”, que transportan a los migrantes hasta los tristemente célebres botes que llegan, o intentan llegar, a las costas europeas.

“Denunciamos a Egipto por violar las obligaciones internacionales previstas por la Convención”, explica Salvi, recordando que de esa experiencia nació también un mecanismo de verificación sobre la aplicación del tratado.

En el plano político, Salvi cita el intento –luego fallido– del ex ministro Marco Minniti de crear en Libia corredores seguros bajo control de las Naciones Unidas. “La situación se descontroló rápidamente, pero la idea era correcta”, comenta, reiterando que “hay que combatir la inmigración ilegal, sin perder jamás de vista la dignidad y los derechos de las personas”.

Finalmente, Salvi se expresó sobre la reforma de la justicia y la propuesta de separar las carreras, manifestando una firme oposición. “Cada país ha construido, a lo largo de las décadas, un propio ordenamiento que posee una coherencia interna. Esta reforma, en mi opinión, no produce ninguna mejora ni en la eficiencia de la justicia ni en la protección de los derechos”, sostiene el ex procurador.

El sistema italiano, observa, garantiza ya un equilibrio entre poderes y un control eficaz del juez sobre la labor del fiscal. “No es cierto que la pertenencia al mismo orden de la magistratura comprometa la independencia del fiscal”, subraya.

Para Salvi, en esencia, “esta reforma no tiene nada que ver con los procesos, sino con equilibrios de poder. Lo que se hizo en Italia en los años pasados no fue sin consecuencias: todavía hay quien quiere sacarse piedritas de los zapatos”.

Una referencia directa a Silvio Berlusconi, evocado también por los promotores de la ley como símbolo de una revancha póstuma. “No hay que olvidar –concluye el ex procurador– que Berlusconi no fue perseguido: cometió delitos comprobados, en parte prescriptos, por los cuales también fue condenado. Así que de piedritas para sacarse, no tenía ninguna”.