CIUDAD DE GUATEMALA - El Gobierno de Guatemala resolvió activar un estado de sitio por un período de 30 días como respuesta a una escalada de violencia atribuida a pandillas y organizaciones criminales, que dejó al menos ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) muertos y más de diez heridos en distintos puntos del país.

La medida fue anunciada este domingo 18 de enero por el presidente Bernardo Arévalo en cadenacio nacional y fue confirmada en las primeras horas del lunes 19, en un contexto signado por ataques armados, motines en centros penitenciarios y la toma de rehenes, hechos que el Ejecutivo calificó como una amenaza directa al orden constitucional y a la seguridad del Estado.

Desde el inicio del régimen excepcional, el Gobierno sostuvo que la decisión apunta a restablecer el control estatal sobre territorios e instituciones afectadas por estructuras criminales.

En un mensaje dirigido a la población, remarcó que “no negociamos con criminales” y que las fuerzas de seguridad actúan “en el marco de la ley y la espada de la justicia”, luego de operativos que permitieron liberar a más de 40 rehenes en cárceles sin víctimas fatales.

El Ejecutivo difundió un comunicado oficial en la red social X, bajo el título “Estado de sitio: lo que debes saber”, en el que aseguró que la vida cotidiana continúa con normalidad. Según el mensaje, no se ven afectadas las actividades laborales, comerciales ni los servicios, y las instituciones públicas y privadas siguen funcionando.

El posteo también aclaró que la movilidad está garantizada en todo el territorio nacional, que no se suspenden elecciones ni procesos judiciales, y que las clases solo fueron suspendidas de manera preventiva el lunes 19 de enero. Asimismo, se confirmó que el régimen tendrá una vigencia de 30 días y que el Ejército participa junto a la PNC en patrullajes, operativos y capturas, con una mayor presencia en las calles.

El anuncio estuvo acompañado por un pronunciamiento del presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras Colíndres, quien calificó los hechos como “actos de barbarie” y advirtió que “representan un desafío frontal al Estado de derecho y a la convivencia pacífica de los guatemaltecos”. En nombre del Poder Legislativo, expresó su solidaridad con la Policía Nacional Civil y aseguró que el sacrificio de los agentes caídos “no será en vano”.

Como parte de las disposiciones adoptadas frente a la crisis de seguridad, el Gobierno decretó tres días de luto nacional, con la bandera del Palacio Nacional izada a media asta, en homenaje a los efectivos policiales asesinados.

Pero el clima está lejos de haber vuelto a la normalidad. En las primeras horas de este lunes 19 de enero, ya bajo el régimen de excepción, pandilleros atacaron nuevamente a la Policía Nacional Civil en Ciudad de Guatemala. El enfrentamiento ocurrió en la zona 3 de la capital, en la intersección de la avenida Cementerio y 15 calle, cuando un grupo de presuntos integrantes de estructuras criminales abrió fuego contra agentes policiales.

Luego de una persecución, los atacantes lograron escapar, aunque abandonaron un vehículo con varios fusiles de asalto, hallados posteriormente en la 19 calle y avenida Elena, también en la zona 3. El episodio volvió a poner en evidencia la capacidad operativa de las pandillas, incluso con el despliegue militar en curso.

El estado de sitio está contemplado en la legislación guatemalteca para situaciones de actividades terroristas, sedición, rebelión, asesinatos, secuestros o ataques armados que amenacen la seguridad del Estado o el orden constitucional. Durante su vigencia, el presidente asume la conducción nacional como Comandante General del Ejército, delegando la ejecución directa en el Ministerio de la Defensa Nacional.

El régimen permite detenciones sin orden judicial, la intervención y disolución de organizaciones consideradas conspirativas, y el uso de medios preventivos, defensivos u ofensivos para restablecer la normalidad. El Gobierno insiste en que la medida no suspende la vida institucional ni los derechos políticos, y que su aplicación busca contener la violencia criminal sin alterar el funcionamiento del país.