SANTIAGO DE CHILE – En una decisión sin precedentes, el Tribunal Constitucional de Chile resolvió la destitución de la senadora Isabel Allende Bussi, del Partido Socialista (PS), tras una votación mayoritaria en la que 8 de los 10 ministros apoyaron la medida. El fallo se fundamenta en la fallida compraventa de la casa que perteneció a su padre, el expresidente Salvador Allende, operación que pretendía ser realizada por el Estado chileno para transformarla en museo.
El requerimiento fue impulsado por parlamentarios del Partido Republicano y de la coalición Chile Vamos, quienes alegaron la inconstitucionalidad de la operación. Se basaron en el artículo 60 de la Constitución chilena, que prohíbe expresamente a diputados y senadores “celebrar o caucionar contratos con el Estado” durante su mandato.
El inmueble en cuestión es copropiedad de Allende y de la actual ministra de Defensa, Maya Fernández. La compra, impulsada por el Ministerio de Bienes Nacionales, generó una fuerte polémica política y derivó incluso en la renuncia de la entonces ministra del área, Marcela Sandoval.
Desde el oficialismo, la decisión fue recibida con preocupación. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), calificó la destitución como “una gran pérdida para el Congreso” y advirtió que, de confirmarse formalmente la resolución, podría constituir “un precedente muy grave”.
Por su parte, Isabel Allende expresó su desacuerdo con el fallo, aunque acató la decisión. “En mis más de 30 años de servidora pública jamás usé mi cargo para beneficio personal y siempre he respetado la Constitución y las leyes”, afirmó mediante un comunicado. “La memoria del presidente Allende permanecerá intacta. El fallo no la mancilla. Hoy no habrá museo, pero seguirán las calles y plazas con su nombre a lo largo de todo Chile y el mundo”, agregó.
La vocera suplente del gobierno, Aisén Etcheverry, había defendido en su momento la legalidad del proceso de compra, aclarando que la operación se encontraba en una fase inicial y no se había concretado formalmente. Sin embargo, reconoció errores en la gestión del proyecto y atribuyó la responsabilidad política al Ministerio de Bienes Nacionales, entonces a cargo de Sandoval.
Con esta resolución, el Tribunal Constitucional abre un nuevo capítulo en la jurisprudencia política chilena, marcando un precedente en la fiscalización del vínculo entre los legisladores y los actos administrativos del Estado.
