TEGUCIGALPA - El panorama político hondureño continúa marcado por la incertidumbre y la tensión tras las elecciones generales del 30 de noviembre.

Con el 99,4 por ciento de los votos contabilizados, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, se mantiene al frente con el 40,52 por ciento de los sufragios, seguido muy de cerca por el liberal Salvador Nasralla, que ronda el 39 por ciento.

La distancia entre ambos es inferior a los 40 mil votos, una brecha que, sumada a las demoras y fallas técnicas en la transmisión de resultados, alimenta un clima de desconfianza generalizada.

La disputa escaló en las últimas horas con la denuncia pública de la presidenta saliente, Xiomara Castro, quien acusó al presidente estadounidense Donald Trump de intervenir directamente en el proceso electoral.

Según Castro, las declaraciones del mandatario norteamericano y el indulto otorgado días antes de los comicios al expresidente Juan Orlando Hernández —condenado por narcotráfico en Estados Unidos— constituyen una presión inadmisible sobre el electorado hondureño. Para la mandataria, todo ello configura un “golpe de Estado en desarrollo” que, asegura, llevará ante organismos regionales e internacionales.

Las críticas no provienen solo del Ejecutivo. El Parlamento hondureño, mediante una declaración firmada por la comisión permanente, condenó lo que considera una intromisión directa de Washington.

Según ese documento, las expresiones públicas de Trump previas a los comicios habrían buscado influir en favor de Asfura, afectando la libertad del voto.

El texto también señala presiones económicas, desinformación y un contexto de amenazas vinculadas a estructuras criminales internas como factores que empañan el proceso.

En paralelo, la candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, quien quedó tercera con cerca del 19 por ciento, reclamó la anulación total de la elección, alegando irregularidades en el sistema de transmisión de actas y modificaciones no autorizadas en los códigos informáticos. Moncada sostiene que la soberanía popular fue vulnerada y convocó a la ciudadanía a movilizarse.

Desde el exterior, Estados Unidos rechazó tajantemente cualquier acusación de fraude. Un funcionario del Departamento de Estado afirmó que “no existe evidencia creíble” que justifique anular los comicios y consideró que los resultados reflejan un rechazo del electorado al oficialismo de Libre.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), que mantiene observadores en el país, instó a “respetar las etapas institucionales”, evitar llamados que alteren el orden público y permitir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) complete su tarea sin presiones.

La misión internacional remarcó la necesidad de acelerar el procesamiento de actas y preservar la integridad del material electoral.

Entre cuestionamientos cruzados, el CNE amplió hasta el 15 de diciembre el plazo para solicitar revisiones especiales y reconteos, ante el volumen de impugnaciones recibidas. La proclamación oficial del ganador podría demorarse más de lo previsto.