TEGUCIGALPA - Honduras todavía no tiene un presidente electo a más de dos semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre.
El proceso de escrutinio sigue paralizado, alimentando protestas en las calles, denuncias de fraude electoral y un clima de fuerte tensión política e institucional.
El lunes, simpatizantes del partido de gobierno Libertad y Refundación (Libre) bloquearon la salida de la autopista que conecta la capital, Tegucigalpa, con la región central del país y con la ciudad de San Pedro Sula. Los manifestantes denuncian irregularidades en el conteo de votos y sostienen que no se respetó la voluntad popular expresada en las urnas.
El recuento de las boletas electorales impugnadas está paralizado por las divisiones internas en la Comisión Nacional Electoral (CNE), que mantiene desacuerdos sobre el método a adoptar para el escrutinio especial.
Según la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, las operaciones no pudieron comenzar porque los representantes acreditados por los partidos políticos se negaron a integrar las Juntas Especiales encargadas del recuento.
Hall definió la situación como un “inaceptable atentado contra la democracia” y dirigió un llamado a la comunidad internacional para que documente lo que está ocurriendo en el país. Además, solicitó la asistencia del jefe del Estado Mayor Conjunto para garantizar la seguridad del personal electoral y la protección de la documentación vinculada a las elecciones.
En este contexto de parálisis, la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó a las autoridades hondureñas a reanudar el recuento “con efecto inmediato”.
Según los resultados preliminares, fuertemente cuestionados, el candidato conservador del Partido Nacional, Nasry Asfura, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, estaría al frente con el 40,54 % de los votos. Sin embargo, la diferencia con el candidato centrista del Partido Liberal, Salvador Nasralla, que alcanza el 39,19 %, es de apenas 42 mil votos.
En medio de la incertidumbre, la presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, lanzó una grave acusación contra el expresidente Juan Orlando Hernández, recientemente indultado en Estados Unidos por Donald Trump. En un mensaje publicado en X, Castro afirmó que Hernández estaría planificando su regreso al país para proclamar al ganador de las elecciones y promover un golpe de Estado contra su gobierno, citando supuesta información de inteligencia, aunque sin aportar pruebas concretas.
“La situación es extremadamente grave”, escribió la presidenta, convocando a la población, a los movimientos sociales y a la ciudadanía a movilizarse “de manera urgente y pacífica” en Tegucigalpa para defender el mandato popular y rechazar cualquier intento golpista.
La respuesta de Hernández no tardó en llegar. También a través de X, el exmandatario calificó las acusaciones como “completamente falsas”, negando la existencia de cualquier plan de regreso o de ruptura del orden constitucional. Según Hernández, las declaraciones de Castro buscan “sembrar pánico, desviar la atención y generar caos”, y acusó al gobierno y al partido Libre de utilizar su nombre como chivo expiatorio para encubrir su propio fracaso político.
Hernández llamó a la población a concentrarse en el escrutinio especial y a esperar la proclamación oficial de los resultados por parte del CNE. Además, aseguró contar con información sobre un presunto plan para atentar contra su vida y la de sus familiares, atribuyendo cualquier eventual responsabilidad a las máximas autoridades del actual gobierno.
El expresidente hondureño había sido condenado el año pasado en Estados Unidos a 45 años de prisión y a una multa de 8 millones de dólares por delitos vinculados al narcotráfico. Pocos días antes de las elecciones de noviembre, Donald Trump había anunciado su indulto, que fue formalizado el 1° de diciembre.
Hernández fue liberado de la cárcel, pero aún se encuentra en Estados Unidos. Sigue siendo incierto si regresará a Honduras, donde pesa sobre él una orden de captura.
