BUENOS AIRES – Mientras la Cámara de Diputados vota la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, algunos cacerolazos aislados rompen el silencio de una noche por lo demás tranquila en Buenos Aires.
Acaba de terminar el fin de semana largo de Carnaval. Y el inicio de la Cuaresma suena a anticipo de lo que les espera a los argentinos en 2026.
La inflación vuelve a acelerarse desde hace ocho meses, con una seguidilla de aumentos en las tarifas de gas, luz y agua. El consumo permanece estancado y las empresas bajan la persiana. No sólo las pequeñas, de perfil familiar, más expuestas a los vaivenes del mercado, sino también históricos grupos industriales del país como FATE, líder en la fabricación de neumáticos, que en estos días anunció el cierre de su tradicional planta de San Fernando (Buenos Aires), dejando en la calle a 920 trabajadores.
Sobre el resultado de la votación no hay mayores dudas: la reforma será aprobada. La discusión pasa, en todo caso, por las modificaciones. Si hay cambios, el texto deberá volver al Senado para una segunda sanción. En la mira de los diputados “rebeldes” están los artículos que contemplan descuentos salariales en caso de enfermedad, señalados por la oposición como ejemplos de crueldad innecesaria.
A la medianoche comenzó el paro general nacional de 24 horas convocado por la CGT (Confederación General del Trabajo), al que también se sumaron otras centrales sindicales.
La medida fue presentada por Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT desde 2025, quien abrió la conferencia enumerando cifras de la crisis económica que, según el gremio, dos años de gestión de Milei no lograron evitar. “En un año se perdieron 300 mil puestos de trabajo –dice– y 21 mil pequeñas y medianas empresas cerraron”. Las familias están cada vez más endeudadas y la capacidad industrial instalada apenas alcanza el 50 por ciento, en un contexto de apertura indiscriminada de importaciones.
“Lástima que Milei imita a Trump en todo, salvo en la defensa de las empresas nacionales”, ironiza con amargura.
“Ojo –interviene Héctor Daer, hasta el año pasado secretario general de la CGT–, no estamos en contra del comercio ni de la importación de maquinaria y materiales que permitan producir. Solo pedimos una verdadera política comercial, una regulación frente a la invasión de bienes terminados a precios de dumping”.
Según Sola, los únicos sectores que hoy se benefician con las políticas oficiales son el agropecuario, el minero y el extractivo, que sin embargo no están en condiciones de absorber –si acaso en un escaso 10 por ciento– a los nuevos desocupados.
“Somos conscientes de la necesidad de modernizar el mercado laboral –afirma Sola–, tanto que presentamos sin éxito nuestras propuestas, basadas en la incorporación de robótica, IA y nuevas tecnologías… Ni siquiera el teletrabajo, que se expandió durante la pandemia, fue tenido en cuenta”.
Por el contrario, sostienen desde la central obrera, el proyecto oficial recorta derechos individuales, debilita los colectivos y traslada recursos de los trabajadores al sector empresario.
Junto a Sola estuvieron los otros dos miembros del triunvirato: Cristian Gerónimo y Octavio Argüello. “La iniciativa del Gobierno es regresiva y pone en cuestión conquistas históricas”, afirma Gerónimo. “Y no actualiza el mundo laboral –agrega Argüello–. El empleo no se genera quitando derechos”.
Durante la jornada de protesta, la CGT no convocó a marchas ni actos centrales. “Queremos que por un día las calles de Buenos Aires estén vacías, para dar una señal clara. Una ciudad inmóvil, paralizada, como metáfora de la economía argentina”. No obstante, dejó en libertad de acción a los gremios que decidan salir a la calle. Algunos sindicatos, como ATE (estatales, enrolado en la CTA), anunciaron movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país. “Con paros domingueros no vamos a frenar la reforma laboral y menos el programa de ajuste brutal de Javier Miei - sostuvo su titular, Rodolfo Aguiar-. Hay dirigentes que le tienen miedo a la calle y los trabajadores no merecen pagar el costo de ese temor”.