SAN PABLO – Juan Darthés, actor y cantante argentino-brasileño, deberá cumplir la condena de seis años de prisión en régimen semiabierto —podrá salir de la cárcel durante el día— por abuso sexual contra Thelma Fardin, actriz y cantante argentina.

Así lo resolvió el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil, que rechazó la admisibilidad de los dos recursos presentados por la defensa.

Los hechos ocurrieron en 2009, cuando —según la acusación— Darthés abusó sexualmente de Thelma Fardin durante una gira de la serie televisiva Patito Feo en Nicaragua. En ese momento la actriz tenía 16 años y él 45.

En primera instancia, en mayo de 2023, Darthés había sido absuelto no por inocencia, sino por una cuestión vinculada a la prescripción y a la interpretación de la legislación brasileña vigente al momento de los hechos. Más tarde, el 10 de junio de 2024, la Cámara de Apelaciones revirtió esa decisión al considerar válidas las pruebas y el relato de la actriz.

Para Amnistía Internacional Argentina, la resolución representa un nuevo paso decisivo en un proceso histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con la debida diligencia y juzgar con perspectiva de género.

La sentencia confirma que el abuso sexual ya fue probado y que, en esta etapa, no es posible volver a discutir los hechos ni las pruebas, que ya fueron evaluadas por la Justicia y sirvieron de base para el fallo.

La decisión vuelve a enviar un mensaje claro: la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes debe ser investigada y castigada, y los intentos de desacreditar a quienes denuncian no pueden convertirse en una herramienta de impunidad.

Desde Amnistía Internacional remarcaron que el fallo cobra especial relevancia en un contexto en el que distintos sectores intentan instalar en el debate público la idea de una supuesta ola de “falsas denuncias”, con el objetivo de endurecer las penas únicamente en casos de violencia de género y abuso sexual contra menores.

La organización advirtió que se busca correr el foco del verdadero problema. El delito de falsa denuncia ya está contemplado en la legislación penal.

Sin embargo, la insistencia selectiva en agravar las sanciones cuando se trata de denuncias por violencia de género o abuso sexual infantil no es neutral: pone bajo sospecha justamente a quienes enfrentan más obstáculos para denunciar, mayores dificultades probatorias y más temor a romper el silencio.

Según datos públicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las causas por falsas denuncias están vinculadas principalmente con delitos económicos, falsificación y contrabando, como estafas, fraudes a aseguradoras o maniobras aduaneras. En Argentina no existen estadísticas que indiquen que se trate de un fenómeno generalizado y, a nivel global, las falsas denuncias representan menos del 1%, de acuerdo con datos de la ONU de 2024.

El problema estructural sigue siendo otro: muchas situaciones de violencia no se denuncian y, cuando eso ocurre, el Estado suele llegar demasiado tarde.

“Vemos con preocupación los intentos de impulsar iniciativas para agravar las penas en casos de presuntas falsas denuncias por violencia de género, abuso sexual infantil y violencia familiar, cuando estas conductas ya están previstas en el Código Penal —afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina—. No se trata de negar que puedan existir casos excepcionales, sino de evitar que esos casos sean utilizados para desplazar el centro del debate público”.

Los verdaderos problemas, continuó, son otros: “La violencia sexual sigue estando fuertemente subdenunciada”. Según datos recopilados por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) entre 2016 y 2021, apenas el 10% de las mujeres que sufren violencia sexual presenta una denuncia.

A su vez, de acuerdo con la Corte Suprema argentina, en los casos de femicidio muchas de las agresiones ya habían sido denunciadas antes del crimen: el 18% de las víctimas había realizado denuncias previas, pero menos del 5% contaba con medidas de protección activas al momento del femicidio. Eso expone que las respuestas estatales y los mecanismos de protección siguen siendo insuficientes.

En los casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, además, la enorme mayoría de los agresores pertenece al entorno de confianza, familiar o cercano. Según informó el Estado argentino al Comité de los Derechos del Niño, entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de menores víctimas de violencia sexual y el 83,9% de los agresores formaba parte de círculos de confianza.