BUENOS AIRES – “Están deprimidos, tristes, asustados”. Así describe Cristian Tosi, presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos Tricaricese de Monte Chingolo, en la zona sur del conurbano bonaerense, a las personas mayores que recibe en la sede, donde también hay una sala de atención para afiliados al PAMI, la obra social de pensionados y jubilados.

“Sobreviven gracias a sus hijos. De lo contrario tendrían que elegir entre comer y comprar medicamentos –afirma– . Algunos ni siquiera cuentan con apoyo familiar. Si no se puede posponer la compra de medicamentos, renuncian a cenar. Muchos bajan la calidad de su dieta”. Con el resultado de que la salud empeora y aumenta la necesidad de tratamiento. Un círculo vicioso que tienen que pagar de su propio bolsillo.

PAMI cubre de manera parcial el costo de los medicamentos, que se compran con un descuento del 50, 70 o 100 por ciento, pero los que tienen reembolso completo son cada vez menos y los precios aumentaron de manera considerable.

Lo confirma Juan Manuel Tabarés, de la comisión directiva de la asociación Napoli Eterna de Morón, en el oeste del conurbano bonaerense. “Algunos han renunciado a participar en las actividades de la asociación para no gastar”, admite tristemente, porque conoce la acción preventiva de que poseen las actividades sociales y recreativas sobre las funciones cognitivas.

“Las dificultades afectan prácticamente a todos los ámbitos de la vida, no solo a la salud –afirma Micaela Bracco, directora nacional del patronato INAS en Argentina–. Alquiler, expensas, luz, agua y gas y transporte. Incluso impacta en la comida”.

Bracco escribió a las Naciones Unidas para denunciar la "situación económica y social devastadora”, de jubilados y pensionados, con una pérdida del 19 por ciento del poder adquisitivo de los salarios. Y con una inflación que, después de la desaceleración de abril-mayo volvió a aumentar en agosto un 4,2 por ciento mensual.

“Según el Indec, en los últimos 12 meses los precios aumentaron un 297 por ciento –afirma– se han perdido 180 mil empleos y las jubilaciones no alcanzan para sobrevivir”.

La Defensoría del Pueblo de las Personas Mayores estima que la canasta básica (la canasta de bienes y servicios mínimos para no caer por debajo de la línea de pobreza) de un jubilado equivale a 800 mil pesos mensuales, pero la pensión mínima en agosto fue ligeramente superior a 225 mil pesos. Hay 6,5 millones de personas (incluidas aquellas que tiene pensiones por invalidez) que se encuentran en estas condiciones.

Según HelpAge International (ONG dedicada a monitorear las condiciones de las personas mayores en varios países) el 75 por ciento de los pensionados argentinos son pobres o indigentes.

“Es peor en los casos de las personas que no son autosuficientes –continúa Bracco–. Un cuidador cuesta alrededor de 350 mil pesos mensuales, a lo que hay que sumarle el costo del alquiler y comida, el costo de geriátrico oscila entre 500 mil y 4,5 millones de pesos”. Insostenible para una persona mayor o su familia, que también debe luchar contra el cierre de su negocio o la pérdida de su empleo.

Bracco es tajante: “El escenario es aterrador pero el presidente vetó una ley que tenía como objetivo mitigarlo, porque cree que en el texto votado por diputados y senadores no es sostenible para el país”.

Personas mayores y familiares se manifiestan con la bandera argentina (cortesía M. Bracco).

El gobierno, escribe Bracco en su informe a las Naciones Unidas, no respetaría la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, a la que Argentina suscribe. “Pisotea los derechos más básicos: a un nivel de vida digno, a la salud y a la movilidad, hasta la libertad de expresión y de protesta”, concluye.

A la situación se suma María Rosa Arona, del patronato Inca: “El gobierno criminaliza la protesta”. En dos oportunidades, el 29 de agosto y el 11 de septiembre, los jubilados que se manifestaban frente al Congreso fueron atacados con gas pimienta y palos. En esta última ocasión hubo alrededor de 12 heridos, entre ellos una niña de 10 años.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, objeta que en las marchas no solo participan jubilados, sino también sindicalistas y estudiantes.

“Por supuesto, porque el problema no es solo de los adultos mayores, sino que afecta también a sus familias, hijos y nietos –afirma Arona–. Los empleos formales están disminuyendo, en un país que tenía una clase media sólida, la más sólida de América Latina”.

Hoy incluso las personas que tienen trabajo no llegan a fin de mes. “Lo vemos en las declaraciones que hacemos en el Patronato –explica Arona–. Las pensiones y los salarios parecen estar creciendo en términos nominales, pero esto es un efecto de la inflación. Si calculamos el equivalente en euros, ahora valen la mitad”.

Los jóvenes emigran, a menudo a Italia y España, gracias a la ciudadanía heredada de padres y abuelos. A estos últimos ni siquiera les queda esta opción.  

Sobre los mayores pesa también un discurso hostil, que afirma  que en Argentina es fácil jubilarse incluso sin aportes completos, gracias a las facilidades que se han abierto a lo largo de los años.

“Lo que hay es un bombardeo mediático sobre este tema, pero la realidad es muy distinta –matiza Arona–. En Argentina los requisitos para jubilarse son altos”. Treinta años de aportes, con una edad mínima de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres, teniendo en cuenta también la diferente esperanza de vida en comparación con Europa.

No solo eso. “Dada la larga historia de inestabilidad económica del país –observa Arona– no mucha gente tiene una carrera profesional completa y por eso tienen que recurrir a una moratoria. Algo que, sin embargo, no es gratuito, ya que sobre la jubilación recibida se aplica una retención que equivaldría a los contributi volontari italianos”.

Colaboró ​​Paula Llana.

Traducción al español de Paula Llana.