ROMA - Confederaciones de trabajo italianas realizarán una manifestación el miércoles a las 15.30 horas, frente a la embajada argentina de Roma, ubicada en la Piazza dell'Esquilino, en solidaridad con el paro general organizado por las principales centrales obreras argentinas, que en la Ciudad de Buenos Aires confluirá con una marcha hacia el Congreso.
“Demostraremos nuestro apoyo a la huelga proclamada para ese día por las tres organizaciones confederales argentinas contra las medidas del gobierno de Milei", afirma una nota firmada en conjunto por las confederaciones italianas CGIL y UIL.
“Los sindicatos argentinos están en huelga contra un maxi decreto de emergencia que tiende a modificar la estructura económica e institucional del país, delegando la regulación de las relaciones económicas y sociales al mercado”, explica el comunicado.
Para CGIL y UIL la norma representa "una grave amenaza a la democracia argentina, a los derechos de mujeres y hombres, de los trabajadores argentinos que ya están sufriendo los efectos negativos de las medidas adoptadas con aumentos inmoderados de los precios de los servicios y productos alimenticios y el inicio de una campaña de desregulación de la economía nacional, con el despido de miles de empleados públicos y la venta de empresas estatales estratégicas con un proyecto de desmantelamiento progresivo del Estado".
“El maxi decreto -subrayan la CGIL y la UIL- afecta también al derecho laboral al limitar los derechos de los trabajadores, limitando las compensaciones y las prerrogativas de los Contratos Nacionales y el derecho de huelga y de manifestación”. “Una amenaza a la democracia argentina que pone en riesgo el Estado de derecho y por eso apoyaremos la lucha contra cualquier intento de debilitar la democracia, porque todo ataque al mundo del trabajo, en cualquier parte del mundo, es un ataque a todos los trabajadores. y trabajadores. Por estos motivos, el miércoles 24 de enero entregaremos una carta a la embajada para expresar nuestro pleno apoyo al movimiento sindical argentino y nuestra preocupación por lo que está sucediendo en Argentina".
Las centrales de trabajadores se refieren al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que deroga o modifica 300 leyes y que, si bien se encuentra en vigencia desde finales de diciembre, todavía debe ser aprobado o rechazado por el Congreso. Dado que venció el plazo para la conformación de una comisión bicameral que emita un dictamen, la medida será tratada directamente por las cámaras de diputados y senadores.
Mientras tanto, la Justicia decidió dar lugar a dos amparos presentados por dos centrales de trabajadores (la CGT y la CTA) y dictar una medida cautelar que suspendió el apartado relativo a los derechos laborales que, entre otras cosas, aumenta el plazo del período de prueba para un trabajador (que en la actualidad es de tres meses) a ocho meses y reduce las indemnizaciones.
Maurizio Landini, secretario general de la CGIL, expresó en un video su apoyo y solidaridad a la convocatoria argentina y afirmó que se trata de “medidas que criminalizan la protesta que no se veían desde la dictadura”, en referencia a un artículo de la Ley de Bases, también conocida como Ley Ómnibus -propuesta por el Poder Ejecutivo en diciembre-, que regula las protestas y obliga a pedir permiso si tres o más personas se quieren reunir en un espacio público.
El megraproyecto de 351 páginas con más de 664 artículos contempla, entre otras cosas, la privatización de todas las empresas estatales, la suspensión de la movilidad jubilatoria, cambios en el sistema electoral, cierres de institutos culturales y desregulación de la economía. Comenzó a tratarse en comisiones hace algunas semanas, durante el período de sesiones extraordinarias, y necesita la aprobación de las dos cámaras. El Ejecutivo se encuentra en tratativas con la oposición más "dialoguista" (UCR, PRO y algunos partidos provinciales) para realizar algunas modificaciones a la medida y así conseguir su aprobación.
Landini asegura que las medidas afectan a los trabajadores “que, además, ya sufrieron fuertes ataques a su poder adquisitivo en los últimos meses” debido al fuerte aumento de precios y “al inicio de una campaña para desregular la economía nacional” que dejó sin empleo a personas que trabajaban en el sector público y que contempla “la venta de empresas estratégicas para la Argentina”. Por eso, afirma, se trata de “una lucha importante para los trabajadores argentinos, pero también para todos los trabajadores del mundo”.
