BUENOS AIRES - La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezará este jueves desde las 15 una movilización a Plaza de Mayo contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, en una jornada que concentrará la atención política, sindical y social y que se perfila como una de las protestas más numerosas del año. La marcha se desarrollará en paralelo al avance del proyecto en el Congreso y bajo un fuerte operativo de seguridad en el centro porteño.

La convocatoria reunirá a gremios de la CGT, las dos CTA, movimientos sociales, organizaciones de la economía popular, sectores del kirchnerismo, intendentes bonaerenses y agrupaciones de izquierda.

Según estimaciones sindicales, podrían concentrarse unas 150 mil personas. El acto central será en Plaza de Mayo, con el triunvirato cegetista en el palco y discursos de los tres secretarios generales: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, en lo que será el debut de la nueva conducción al frente de una protesta callejera.

Las columnas comenzarán a concentrarse desde el mediodía en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con ingresos a la plaza por Avenida de Mayo, las diagonales Norte y Sur y el Bajo. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CTA, gremios universitarios, estatales, del transporte, la UOM, Camioneros, organizaciones sociales y partidos de izquierda marcharán en columnas separadas, mientras que La Cámpora convocó directamente a Plaza de Mayo y el Movimiento Derecho al Futuro, que encabeza el gobernador Axel Kicillof, concentrará desde las 14 en Avenida de Mayo y Tacuarí.

Desde el Ministerio de Seguridad nacional confirmaron la aplicación del protocolo antipiquetes, con vallados en Plaza de Mayo y en las inmediaciones del Congreso, controles de tránsito y un sistema de “alerta temprana” para mantener las columnas en movimiento y evitar cortes prolongados. Será el primer gran operativo de Alejandra Monteoliva al frente de la cartera, aunque con esquemas similares a los utilizados durante la gestión de Patricia Bullrich.

En ese contexto, la CGT expresó su “preocupación” por declaraciones de funcionarios nacionales que consideró “provocaciones innecesarias” y reclamó al Gobierno que garantice la integridad física y la libertad de los manifestantes. La central obrera aseguró que la movilización será “pacífica, organizada y responsable” y advirtió sobre la posibilidad de incidentes, infiltrados o tensiones con sectores que convocan por separado.

La protesta en la calle se da mientras el Congreso debate la reforma laboral enviada por el Poder Ejecutivo, un trámite que ya generó fuertes controversias políticas e institucionales. En el Senado, el peronismo denunció que el oficialismo forzó el reglamento para acelerar el tratamiento del proyecto, especialmente a través de la conformación de las comisiones. Según la oposición, la vicepresidenta Victoria Villarruel se arrogó facultades que el reglamento no le permitiría, reduciendo la representación peronista y condicionando el ritmo del debate.

Desde el peronismo advierten que este manejo del trámite parlamentario podría derivar en una judicialización de la ley, tanto por el procedimiento como por su contenido. Entre los puntos más cuestionados figuran la ampliación de las actividades consideradas esenciales —con impacto directo en el derecho a huelga— y la imposición de servicios mínimos en numerosos sectores.

La reforma laboral incluye, además, una reducción en el cálculo de las indemnizaciones, la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, el pago de salarios en moneda extranjera o en especie, la implementación de un banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, cambios en el financiamiento sindical y la creación de la figura del “repartidor independiente” para el trabajo en plataformas.

Para la CGT y las organizaciones que marchan, el proyecto representa un esquema de “ajuste y precarización” que avanza sobre derechos históricos de los trabajadores. Para el Gobierno, en cambio, se trata de una reforma necesaria para modernizar el mercado laboral y promover el empleo, en línea con su programa de desregulación económica.