BUENOS AIRES – El debate sobre la transmisión de la ciudadanía italiana vuelve al centro de la escena política en un momento clave, marcado por la inminente decisión de la Corte Constitucional y la presentación de un nuevo proyecto de ley.

Quien pone el foco es el diputado del Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior (MAIE) Franco Tirelli, impulsor de una iniciativa legislativa que apunta a reformar de manera integral la normativa vigente sobre ciudadanía, tras la profunda modificación introducida en 2025 por el llamado Decreto Tajani.

El proyecto, explica Tirelli, ya fue formalmente presentado y completó todo el proceso de redacción legislativa. “Ahora pasará a comisión –señala– y estamos trabajando para conseguir el respaldo de las distintas fuerzas políticas dentro de la Cámara de Diputados”.

Una primera señal positiva llegó desde un bloque parlamentario que, a través de su presidente Maurizio Lupi (Noi Moderati), ya garantizó la firma y el apoyo a la propuesta.

El objetivo político es construir un consenso amplio antes del pronunciamiento de la Corte Constitucional, que debe expedirse sobre la posible inconstitucionalidad de la actual ley de ciudadanía. “Estamos tratando de sensibilizar a todas las fuerzas políticas –subraya Tirelli– para que, en caso de que la Corte declare inconstitucional la normativa vigente, este proyecto pueda convertirse en la base de una nueva ley que responda a los criterios que indique la Corte”.

Según el diputado del Maie, la iniciativa busca un punto de equilibrio entre los distintos intereses en juego: los del gobierno, los de la oposición y también las exigencias que llegan desde Europa. La propuesta del Maie plantea eliminar cualquier restricción al acceso directo a la ciudadanía por iure sanguinis para hijos y nietos de italianos, y permitirlo para bisnietos y generaciones posteriores mediante la aprobación de un examen de idioma (nivel B1), como ya ocurre en los casos de adquisición de la ciudadanía por matrimonio.

Una vez obtenido el aval en comisión, el texto deberá ser aprobado en el recinto de la Cámara de Diputados y luego volver al Senado para su sanción definitiva, siempre que no se introduzcan modificaciones. “La prioridad absoluta, en esta etapa, es lograr un consenso político transversal”, insiste Tirelli.

Un punto especialmente sensible tiene que ver con los hijos menores y las modalidades de inscripción en los consulados, un tema que generó fuerte preocupación entre las comunidades italianas en el exterior.

En este terreno, Tirelli anuncia un resultado concreto logrado gracias a la acción del Maie y, en particular, del senador Mario Borghese, designado relator de la ley de Presupuesto: un rol histórico, nunca antes ocupado por un parlamentario elegido en el exterior.

“Gracias a una enmienda presentada por el grupo Maie –explica Tirelli– se eliminó la tasa de 250 euros que debía pagarse para la inscripción de los hijos menores. Es un resultado aprobado tanto en el Senado como en la Cámara”. Un paso calificado como “importantísimo”, que confirma, según el diputado, el compromiso del Maie contra la imposición de nuevas cargas económicas sobre los italianos que viven fuera del país. La tasa, además, resultaba particularmente injusta porque era interpretada como una barrera económica al derecho a la ciudadanía.

Sigue abierta, no obstante, la pelea por la prórroga de los plazos. Actualmente, quienes tuvieron hijos nacidos antes del 25 de mayo de 2025 tienen tiempo hasta el 31 de mayo de 2026 para registrarlos. El Maie trabaja para extender ese plazo por dos años más, hasta el 31 de mayo de 2028.

Además, otro logro incorporado en la ley de Presupuesto fue la extensión de uno a tres años del plazo para registrar a los hijos nacidos después del 25 de mayo de 2025.

En el plano judicial, finalmente, todas las miradas están puestas en la Corte Constitucional. “El 11 de marzo se realizará la primera audiencia –anticipa Tirelli– y el fallo se espera, de manera aproximada, para el mes de abril”.

La Corte analizará tanto la cuestión de la retroactividad general del Decreto Tajani, planteada por el Tribunal de Turín –un aspecto que dejó en suspenso trámites para los cuales ya se había presentado la documentación necesaria en los consulados– como la situación de los menores, objeto de una reciente resolución del Tribunal de Mantua ya elevada a la Consulta. El caso de Mantua se refiere a un menor cuya inscripción fue rechazada por el municipio de Canneto sull’Oglio, pese a que el procedimiento se había iniciado antes del cambio en la ley.

El hecho de que ambos planteos hayan sido unificados por la Corte Constitucional es interpretado como una señal de la voluntad de dar una respuesta integral y no fragmentada sobre el tema.

“Ahora resta saber si la Corte declarará la inconstitucionalidad de toda la ley o solo de algunas de sus partes, y qué lineamientos dará a los legisladores”, explica Tirelli.

La decisión puede modificar de manera profunda el marco normativo y abrir el camino a una nueva reforma de la ciudadanía italiana, con impacto directo sobre millones de italianos en el exterior y sus descendientes.