BUENOS AIRES – Por ahora es solo un proyecto de ley (para ser precisos, el número 752 del 22 de junio de 2023), presentado por el senador Roberto Menia (Fratelli d'Italia), pero su aprobación podría tener un gran impacto en los italianos en el exterior.

Hay tres puntos clave: la introducción del voto electrónico para residentes fuera de Italia, facilitaciones para la recuperación de la ciudadanía a quienes la hayan perdido luego de naturalizarse en otro país y nuevos requisitos más restrictivos para los descendientes de italianos que aspiran a obtener la ciudadanía a través de la reconstrucción genealógica.

Es este último punto, presentado en el artículo 2 del proyecto de ley, el que causó gran revuelo dentro de la comunidad italiana en Argentina, especialmente entre los descendientes de cuarta, quinta o sexta generación que aspiran a obtener la ciudadanía: los nuevos requisitos excluyen a los descendientes más allá de la tercera generación y a aquellos que no hayan tenido residencia en Italia durante al menos un año antes de presentar la solicitud.

El proyecto también plantea la obligación de obtener un certificado de conocimiento de la lengua italiana nivel B1 (ya requerido desde 2019 también para quienes obtienen la ciudadanía por matrimonio).

La iniciativa se fundamenta en la voluntad de frenar la “carrera por la ciudadanía” como instrumento para emigrar de manera legal a otros Estados de la Unión Europea, por parte de personas que no tienen un vínculo cultural real con Italia. De este modo, afirman los defensores del proyecto, el ejercicio de ciertos derechos, como el del voto, se realizaría sin conciencia y sin responsabilidad.

Además, se detectaron intentos de falsificación de la documentación utilizada para hacer la reconstrucción genealógica, operación más sencilla cuando se trata de documentos antiguos, que datan de las últimas décadas del siglo XIX.

Sin embargo, es cierto que de esta forma el Estado italiano se transforma en una fortaleza, que se defiende de un supuesto asedio con leyes contradictorias y punitivas.

El documento presentado por el partido gobernante de extrema derecha plantea que aquellos que quieran obtener la ciudadanía a través del ius sanguinis -derecho de sangre, o sea trasmisión hereditaria de la ciudadanía- (que ius sanguinis, esta altura, ya no es) deberán acreditar un año de residencia en el país, pero las políticas migratorias actuales hacen que sea muy difícil obtener un permiso de residencia.

Por otro lado, el proyecto niega el ius soli (que adjudica la ciudadanía al lugar de nacimiento) a los que nacieron y vivieron siempre en Italia y son hijos de inmigrantes legales: deben esperar a cumplir 18 años para solicitar la ciudadanía y el Estado les da solo un año para iniciar el trámite, a condición de que no hayan interrumpido nunca su estadía en Italia.

En definitiva, lo que se pierde es la seguridad jurídica. La ciudadanía se convierte de este modo en un concurso de premios, una carrera de obstáculos, un videojuego donde cada nivel se vuelve más difícil que el anterior pero nunca se llega al final.

Además, ante la incertidumbre de lo que pueda suceder, existe el riesgo de que los consulados en las próximas semanas se vean desbordados por una avalancha de nuevas solicitudes, congestionando aún más las oficinas y empeorando la calidad del servicio.

La discusión de la ley aún no ha empezado.

"¡No pasarán!" es el firme y lapidario comentario del ex senador Ricardo Merlo, presidente de Maie (Movimento Associativo Italiani all’Estero), lo que garantiza que los parlamentarios de su partido (el diputado Franco Tirelli y el senador Mario Borghese, elegidos en la circunscripción de América del Sur) darán batalla para defender aquello que consideran "un derecho constitucional".