MONTEVIDEO – La reciente reforma de la ciudadanía italiana ha generado fuertes polémicas entre las comunidades italianas en el exterior. El gobierno de Giorgia Meloni ha introducido nuevas restricciones para el reconocimiento de la ciudadanía por ius sanguinis, modificando significativamente las condiciones para los descendientes de italianos en el mundo.
Según los nuevos criterios, solo quienes presenten su solicitud antes del 27 de marzo de 2025 podrán continuar el proceso con las reglas actuales. Para los demás, será necesario demostrar que al menos uno de sus padres o abuelos vivió en Italia durante al menos dos años consecutivos antes del nacimiento o adopción del solicitante. Además, la tasa consular para la tramitación del expediente podría llegar a los 700 euros.
Renato Palermo, presidente del Patronato INCA-CGIL de Montevideo y de la Asociación Calabresa, expresó fuertes críticas tanto sobre la forma en que se introdujo la reforma como sobre su contenido.
“Fue algo repentino, casi clandestino, decidido sin ningún debate público. De golpe apareció el decreto, como una bomba, sin que la comunidad italiana en el exterior ni la oposición política estuvieran informadas”, señala Palermo, que destaca que, aunque desde hace años se discute la necesidad de reformar el mecanismo de reconocimiento de la ciudadanía, nadie esperaba un cambio de tal magnitud ni implementado de esta manera.
El presidente del INCA también advierte sobre el impacto económico de la decisión: “Italia vive en parte de la exportación de sus productos típicos, y los principales consumidores son justamente los italianos en el exterior. A largo plazo, esta reforma podría perjudicar un recurso clave para el país”.
Las reacciones no tardaron en llegar. Las comunidades italianas en todo el mundo están organizando encuentros y juntando firmas. “Nos estamos movilizando junto a los patronatos de Brasil y Argentina para ejercer presión sobre los representantes electos”, explica Palermo.
En Uruguay, el Com.It.Es (Comité de los Italianos en el Exterior) y el CGIE (Consejo General de los Italianos en el Exterior) se reunieron el jueves para debatir el tema, y en las próximas horas se espera un comunicado oficial del Consulado.
“Tenemos una ventana de sesenta días y es fundamental aprovecharla para mejorar el decreto lo máximo posible”, subraya el presidente del INCA, refiriéndose al período en el que el decreto será discutido en el Parlamento antes de su posible aprobación definitiva.
Por último, Palermo advierte sobre otra posible amenaza: la restricción del derecho al voto de los italianos en el exterior. “Después de limitar el derecho a la ciudadanía, el siguiente paso podría ser la eliminación del derecho a participar en las elecciones para los residentes en el extranjero, como ya sucede con los ciudadanos uruguayos”.
