BUENOS AIRES - Un juzgado federal de San Martín dictaminó la suspensión del decreto presidencial que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), lo que marca un importante revés para las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

La medida cautelar, impulsada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), prohíbe al Poder Ejecutivo llevar a cabo cualquier acción administrativa derivada del Decreto 461/2025 por un período de seis meses, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías o supresión de estructuras.

Los argumentos detrás del fallo judicial

La jueza federal Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2, fundamentó su decisión en la necesidad de proteger los derechos laborales de los empleados de Vialidad Nacional. La magistrada hizo hincapié en el principio de irrenunciabilidad de derechos y en las condiciones de trabajo establecidas por normas colectivas y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que, según su criterio, el Estado no puede alterar unilateralmente.

El fallo señala que el artículo 32 del decreto de Milei, al disponer una “fecha de vencimiento” para la estabilidad del personal, vulnera las garantías laborales vigentes. Además, la jueza criticó la subordinación de las decisiones sobre el personal al Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, lo que, a su entender, implica una discrecionalidad que atenta contra la estabilidad, los derechos laborales y sindicales.

La resolución también destacó la vulnerabilidad social de los trabajadores y la posible afectación de derechos de naturaleza alimentaria ante eventuales despidos masivos o modificaciones unilaterales en las condiciones laborales. La jueza consideró que existían “circunstancias graves y objetivas” que justificaban la medida cautelar para “evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”. No obstante, la magistrada no se pronunció sobre la nulidad o inconstitucionalidad del decreto, reservando esa evaluación para un estudio más profundo.

Repercusiones y próximos pasos

La decisión judicial fue recibida con optimismo por el gremio Sevina. Emilia Mcnamara, secretaria general del sindicato, expresó su “alegría inmensa” y afirmó que la medida representa un “respaldo legal a nuestra lucha en defensa de la legalidad, la estabilidad laboral y la continuidad institucional” de Vialidad Nacional. Subrayó que el organismo fue creado por un decreto-ley, lo que lo convierte en un ente autárquico que no puede disolverse unilateralmente.

El Gobierno había anunciado la disolución de Vialidad Nacional a principios de julio, junto con la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el fin de que sus funciones fueran absorbidas por el Ministerio de Economía. Esta medida fue oficializada a través del Decreto 461/2025.

Ahora, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de apelar el fallo ante la Cámara Federal de San Martín. La suspensión judicial del decreto introduce un nuevo capítulo en la confrontación entre el gobierno de Milei y los organismos sindicales, con la estabilidad laboral y la reestructuración del Estado como ejes centrales del debate.