MONTEVIDEO – La historia de una de las luchas civiles y judiciales más duras del siglo XX llegó a la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de Montevideo. Desde las sangrientas guerras internas de Cosa Nostra en los años 80 hasta el horror de las masacres de Capaci y Via D’Amelio en 1992 y 1993, Italia combatió por la supervivencia de sus instituciones democráticas.

Quien relató esta epopeya del crimen organizado y la valiente respuesta del Estado fue el exmagistrado Giovanni Salvi, testigo directo y protagonista de aquellos años cruciales. La conferencia ofreció un análisis profundo y crítico de la experiencia italiana, aunque Salvi subrayó que cada país debe enfrentar sus desafíos con los medios más adecuados a su propia realidad. De inmediato destacó el altísimo precio que pagó Italia: 24 magistrados asesinados, además de incontables miembros de las fuerzas de seguridad, políticos, periodistas y ciudadanos comunes.

La experiencia italiana, recordó Salvi, se desarrolló en un contexto complejo, donde el país tuvo que hacer frente simultáneamente a la amenaza del terrorismo político y al avance del crimen organizado en las décadas del 70 y del 80.

Giovanni Salvi, figura destacada de la magistratura italiana, dedicó su carrera a la lucha contra la Cosa Nostra y la Camorra. Su participación en investigaciones de gran relevancia incluyó los asesinatos del banquero Roberto Calvi y del periodista Mino Pecorelli. Además, trabajó junto al célebre juez Giovanni Falcone en la investigación sobre el atentado contra el hermano del actual presidente de la República, Sergio Mattarella.

Un foco especial se dedicó a las etapas cruciales del Maxi Proceso (1986–1987) y al legado del juez Giovanni Falcone.

Salvi repasó la escalada del poder mafioso, iniciada en la posguerra con la reorganización de las mafias tras la caída del fascismo. Las organizaciones criminales aprovecharon la inestabilidad para infiltrarse en los mercados negros y, actuando en las sombras, se afianzaron profundamente en el entramado político y económico del país.

Durante los años 70 y principios de los 80, las mafias se consolidaron como actores centrales en el narcotráfico internacional —en particular el de heroína—, con la Sicilia occidental como un centro neurálgico de producción y distribución.

El creciente poder mafioso derivó inevitablemente en una escalada de violencia y conflictos internos, que culminó con la segunda guerra de la mafia en Palermo entre 1981 y 1983. Ese enfrentamiento dejó alrededor de 600 muertos y dio lugar al ascenso del clan de los Corleoneses.

Esa etapa desencadenó una ofensiva directa contra los representantes del Estado, con atentados mortales contra políticos, magistrados, periodistas y miembros de las fuerzas de seguridad, como los asesinatos de Piersanti Mattarella (1980) y del general Carlo Alberto Dalla Chiesa (1982).

La respuesta del Estado fue rápida y decisiva: en 1982 se promulgó la ley Rognoni-La Torre, que introdujo el delito de asociación mafiosa (artículo 416-bis) y fortaleció las herramientas de investigación. Además, se creó una estructura innovadora, el pool de magistrados, encabezado inicialmente por Rocco Chinnici y luego continuado por Falcone, que permitió desarrollar una visión unificada del fenómeno mafioso.

Un giro crucial fue el arrepentimiento de Tommaso Buscetta en 1984, quien colaboró con la justicia describiendo por primera vez con precisión la estructura y los rituales de Cosa Nostra, rompiendo el muro de silencio.

Estos elementos confluyeron en el Maxi Proceso de Palermo (1986–1987), que involucró a cientos de imputados y concluyó con condenas de larga duración, marcando un hito fundamental en la lucha contra el crimen organizado.

La mafia respondió a esa derrota judicial histórica con una violencia terrorista sin precedentes: las masacres de Capaci y Via D’Amelio —que se cobraron la vida de Falcone y Borsellino— y, posteriormente, los atentados en Roma, Florencia y Milán en 1993, en un intento desesperado por forzar concesiones del Estado.

A pesar de la amenaza extrema, el Estado y la sociedad civil demostraron una tenacidad inesperada: el compromiso contra las mafias se mantuvo firme, logrando resultados que hoy se reflejan en el desplome de los homicidios en Italia, desde el pico de 1991 (unos 2.000 casos) hasta menos de 300 en la actualidad. Esa experiencia también fortaleció nuevas capacidades investigativas —como el rastreo bancario, las escuchas y el trabajo en equipo— que más tarde harían posibles las investigaciones sobre corrupción.

La conferencia de Giovanni Salvi contó con un panel de comentaristas expertos que enriquecieron el debate, aportando perspectivas locales fundamentales. Participaron Mariela Solari (exdirectora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación), Rodrigo Morosoli (fiscal especializado en estupefacientes de la misma institución) y Lucas Silva (periodista del diario La Diaria).

El debate, moderado por Gabriel Tenenbaum (docente e investigador del Departamento de Sociología de la Facultad), se centró en cómo esta valiosa experiencia italiana puede servir como modelo y punto de partida para mejorar las políticas y los procedimientos locales.

Los especialistas ofrecieron reflexiones contundentes sobre la necesidad de que Uruguay aprenda de la historia italiana, en un contexto donde el crimen organizado se está convirtiendo en un problema cada vez más complejo y urgente en la agenda nacional, lo que exige nuevas estrategias y un fortalecimiento de las instituciones en la primera línea.