BUENOS AIRES - La cooperación, la recuperación de bienes y las políticas públicas en la lucha contra el crimen organizado transnacional fueron el centro de la 3ª edición del “Seminario antimafia”, organizado por Democracia Global y la Organización Internacional Italo-Latinoamericana. El evento se celebró el 19 de marzo en el Círculo Italiano de Buenos Aires y contó con la participación de expertos internacionales.

El vicepresidente del Círculo Italiano, Francisco Tosi, y Gaia Marchiori, coordinadora del proyecto Seminario Antimafia Italo-Argentino de la ONG Democracia Global, abrieron los trabajos agradeciendo la gran participación del público.

Camila López Badra, directora ejecutiva de Democracia Global, y Christian Cao, abogado, jurista y docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), presentaron la propuesta de Democracia Global para la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el crimen transnacional organizado (COPLA) y de una agencia del Mercosur con el mismo propósito.

Ambos destacaron la necesidad del apoyo de la sociedad civil para poder llevar adelante el proyecto y señalaron que estos encuentros sirven para crear una red de apoyo con otras ONGs, recordando cómo este tipo de consenso fue fundamental para la constitución de la Corte Penal Internacional de La Haya.

“El apoyo de la sociedad civil es fundamental”, explicaron, extendiendo la invitación a quienes deseen colaborar, para formar parte del grupo de juristas y asesores internacionales que trabajan en la redacción del proyecto.

“Los Estados nacionales no pueden dar respuesta a este problema, que es uno de los principales en la región”, afirma Cao, y es por esto que resulta necesario crear una agencia para el crimen transnacional en el Mercosur, un proyecto presentado con el apoyo de las instituciones italianas.

El abogado destacó que la actual presidencia de Argentina en el organismo representa una oportunidad única. Así como al principio de la organización latinoamericana el principal objetivo fue el fortalecimiento de la democracia, hoy la prioridad es la lucha contra el crimen organizado.

Esta agencia se encargaría principalmente de garantizar la implementación de los lineamientos ya establecidos por los tratados internacionales y de armonizar la normativa penal de los Estados miembros. También serviría para compartir las modernas técnicas de investigación criminal, especialmente en lo que respecta al intercambio de información, garantizar que los procedimientos judiciales se realicen respetando los derechos humanos y organizar mejor las fuerzas policiales para proteger a los testigos, fiscales y abogados involucrados.

Carla Rojas, coordinadora de proyectos contra el crimen organizado en Sudamérica para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC), presentó el trabajo que la organización realiza con las autoridades de Argentina, Paraguay y Uruguay en la identificación de operaciones de narcotráfico en la región, en particular sobre las rutas fluviales donde se transporta la droga que luego se envía a Europa. “Hemos notado que el tráfico se está trasladando a los puertos del Atlántico, reemplazando a los del Pacífico”, explicó Rojas.

El análisis de la UNODC llevó a una serie de operaciones de control coordinadas entre las instituciones de los tres países en los puntos críticos de sus fronteras. El éxito de estas acciones llevó a la decisión del Gobierno italiano de continuar colaborando en la segunda fase de este programa.

Pero las operaciones de las fuerzas del orden son solo un aspecto de la lucha contra el crimen organizado.

Dario Scaletta, del Consejo Superior de la Magistratura (el órgano de autogobierno de los jueces en Italia), destacó cómo la experiencia italiana ha demostrado que la mafia debe combatirse principalmente a través del Estado de derecho.

“La Cosa Nostra se relaciona con las personas a partir de vínculos que parecen inofensivos, pequeños favores y, en este sentido, se diferencia considerablemente de los grupos armados o de las células terroristas”, explicó Scaletta. La mafia se inserta en el tejido social mediante la complicidad, instrumentalizando valores profundamente arraigados en el territorio siciliano, como la familia y el honor.

A partir de los mensajes encontrados en las investigaciones, se pudo observar cómo el crimen organizado ocupa el espacio dejado vacío por el Estado, estableciendo una lista de derechos y deberes de los afiliados, así como una serie de valores morales compartidos.

Scaletta destacó que es “a través de la cultura, la educación y la garantía de los derechos fundamentales, como el trabajo y una vida digna, que se combate la cultura de la ilegalidad” y es por ello esencial “invertir en la escuela y en la educación”.

“La batalla contra la ilegalidad se gana o se pierde con los jóvenes. En Italia, muchas cosas han cambiado, pero debemos seguir adelante, anulando el consenso con el que cuenta la mafia y haciendo prevalecer el valor absoluto de la legalidad”, concluyó Scaletta.

Una herramienta fundamental para erradicar este consenso es la restitución a la colectividad del patrimonio acumulado con actividades ilícitas, como expuso Lucas Manjón, representante en Argentina de la asociación Libera y coordinador del Programa de Bienes Restituidos.

Se trata de una propuesta de ley para recuperar los miles de millones de pesos incautados en los procesos que hoy están estancados, de modo que puedan ser utilizados en beneficio de la sociedad civil. Organismos del Gobierno italiano han colaborado en la redacción del proyecto a partir de las experiencias ya realizadas en el extranjero.

El Circolo Giuridico Argentino también forma parte del programa, como expuso la presidenta Malena Errico. “Desde el Circolo proponemos un cambio de paradigma, por el cual la justicia no se considere solo como uno de los poderes del Estado, sino como un derecho de los ciudadanos”, explica.

El Circolo Giuridico además promueve “la cultura de la legalidad”, con diversas iniciativas en las escuelas italianas de Buenos Aires y colaborando en la redacción de proyectos de ley relacionados con los crímenes transnacionales.

Para concluir el encuentro, el coordinador de la Diplomacia Jurídica del Ministerio del Exterior italiano, Raffaele Langella, recordó cómo los asesinatos de los jueces Falcone y Borsellino cambiaron radicalmente la concepción de la mafia en la sociedad italiana y “el papel decisivo que puede tener la participación directa de la sociedad civil en la lucha de las instituciones, a favor de la legalidad, contra los intereses del crimen organizado, para contrarrestar la corrupción que no solo mata personas, sino también los sueños de progreso personal”.