BUENOS AIRES - La provincia de La Pampa llevó a la Justicia la reforma de la Ley de Glaciares y pidió que se suspenda su aplicación. A través de un amparo colectivo ambiental, el gobierno de Sergio Ziliotto solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la norma y que se mantenga vigente el régimen anterior hasta que haya una resolución de fondo.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de Santa Rosa y cuenta con el respaldo de la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. Además, incluye un pedido de medida cautelar para frenar de manera inmediata los efectos de la ley sancionada por el Congreso.

Durante el anuncio, Ziliotto fue contundente: “He tomado la decisión de presentar un amparo colectivo ambiental”. El mandatario sostuvo que la reforma “lesiona derechos ambientales colectivos” y cuestionó que avance sobre garantías vinculadas al acceso al agua y la salud.

El eje del reclamo está puesto en el impacto hídrico. Aunque La Pampa no cuenta con glaciares en su territorio, depende del río Colorado, cuya cuenca tiene origen glacial. Según explicó el gobernador, ese recurso abastece a regiones donde vive cerca del 45% de la población y resulta clave para el desarrollo provincial.

“A partir de esta ley va a haber menos agua”, advirtió Ziliotto, quien también planteó que la modificación implica un retroceso en materia ambiental. En esa línea, invocó el principio de no regresión contemplado en el Acuerdo de Escazú y alertó sobre posibles consecuencias en la calidad y cantidad del recurso.

La fiscal de Estado pampeana, Romina Schmidt, cuestionó además el proceso previo a la sanción de la norma. Señaló que las audiencias públicas “no fueron audiencias reales” en los términos que exigen los estándares internacionales de participación.

El planteo judicial pide que se declare la inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad de la ley, y que el Estado nacional se abstenga de aplicarla. También remarca que el daño denunciado “no es abstracto”, sino concreto y potencialmente irreversible.

En paralelo, distintas organizaciones ambientalistas comenzaron a impulsar acciones judiciales propias para ampliar el reclamo. Entre ellas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace, que convocaron a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva.

En declaraciones radiales, Ziliotto profundizó sus críticas y vinculó la reforma con un cambio en las prioridades del modelo productivo. “Se pone a la minería por encima del agua”, sostuvo, y advirtió que “la posibilidad de contaminación sería una tragedia”.

El gobernador también anticipó un escenario de conflicto federal. “Esto va a generar más controversias entre las provincias”, dijo, y planteó que el debate excede lo técnico. “Estamos condenando a las generaciones futuras a un riesgo”, concluyó.

La discusión por la protección de los glaciares y el uso de los recursos naturales vuelve así a trasladarse al plano judicial, en un contexto de tensión entre Nación, provincias y organizaciones ambientales.