BUENOS AIRES - Luego de varios días de paro en reclamo por mejoras salariales, los médicos residentes del Hospital Garrahan anunciaron que regresarán a sus actividades. La decisión fue tomada tras recibir advertencias de posibles sanciones y despidos, comunicadas tanto de forma verbal como por correo electrónico.

“Nos vimos obligados a levantar la medida de fuerza”, señalaron en un comunicado difundido por la Asamblea de Residentes, en el que aseguraron que la reincorporación inmediata a sus puestos de trabajo no implica un abandono de sus demandas. “Nuestro recibo de sueldo sigue siendo el mismo”, advirtieron. El reclamo persiste: exigen un salario justo que les permita “vivir y trabajar dignamente por y para los niños, niñas y adolescentes”.

Desde la dirección del hospital, se confirmó que los servicios comienzan a normalizarse y que el regreso de los residentes coincide con un proceso de reestructuración institucional. En un comunicado oficial, se destacó una mejora en los ingresos por beca de los profesionales en formación, financiada con recursos propios del Garrahan, obtenidos a partir de un proceso de saneamiento administrativo.

La administración del hospital también subrayó que nunca consideró reemplazar a los residentes de forma definitiva, aunque sí evaluó la posibilidad de incorporar médicos suplentes de manera temporal ante la afectación del servicio. Esa opción fue descartada tras la reanudación de actividades.

Las advertencias hacia los residentes llegaron por distintos canales. Un correo enviado por el Consejo de Administración informó que, de continuar con el paro, podrían aplicarse medidas disciplinarias, como descuentos salariales, pérdida de regularidad en la residencia o, en casos extremos, la desvinculación. “Todas las amenazas son ciertas”, dijeron a la prensa voceros de los residentes, que días atrás habían rechazado la oferta del Gobierno de sumar un bono no remunerativo para llevar sus ingresos a $1.300.000 a partir de julio. Según denuncian, esa suma no impactaría en aguinaldos, aportes ni actualizaciones salariales.

En paralelo al conflicto en el Garrahan, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un paro nacional en todo el sector salud, en respuesta a lo que consideraron una reunión fallida en la Secretaría de Trabajo, a la que asistieron funcionarios sin capacidad de decisión. “No hubo propuesta, fue una burla”, expresó Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna en el hospital.

Desde ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) exigen un aumento salarial que eleve el ingreso mínimo a $1.800.000, cifra que consideran equivalente al costo de una canasta básica. Norma Lezana, titular de APyT, denunció presiones y amenazas contra los residentes y advirtió sobre un intento del Gobierno de desmantelar el hospital de alta complejidad pediátrica.

El Ministerio de Salud, por su parte, rechazó en duros términos la huelga promovida por ATE. En un comunicado, calificó la protesta como una “extorsión política disfrazada de reclamo” que pone en riesgo la atención sanitaria. Reiteraron que se está llevando adelante un proceso de “ordenamiento, eficiencia y recuperación” en el sistema público nacional, con énfasis en la inversión en personal y equipamiento.

Mientras el conflicto gremial escala a nivel nacional, en el Garrahan se retoman las actividades bajo vigilancia estricta: ya se implementó un sistema biométrico para controlar la asistencia, considerada indispensable para la aprobación del ciclo formativo.

Aunque la medida de fuerza fue suspendida, el reclamo de fondo continúa latente. Los residentes insisten en que su compromiso con la salud pública no se contradice con el derecho a un salario digno. “Seguiremos trabajando para que el Garrahan siga siendo un centro de referencia en medicina pediátrica”, concluyeron.