RÍO DE JANEIRO – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó la reciente megaoperación en los complejos de la Penha y del Alemão como una “masacre”, denunciando la desproporción del accionar de las fuerzas de seguridad, que dejó un saldo de 121 muertos, entre ellos 117 sospechosos y 4 agentes.

Según Lula, la operación —denominada “Operación Contenção”— debía ejecutar órdenes de detención, no convertirse en una matanza. “La orden del juez era para ejecutar notificaciones de arresto, no para una masacre. Sin embargo, ocurrió un massacre”, declaró, y anunció que el gobierno federal llevará adelante una investigación independiente, con la posible participación de peritos de la Policía Federal.

La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó haber identificado a 115 de los 117 cuerpos hallados. De ellos, 97 tenían antecedentes penales graves, 59 estaban prófugos, mientras 17 no registraban antecedentes, aunque 12 habrían mostrado “indicios de involucramiento en el tráfico en redes sociales”.

Quedan entonces 5 víctimas sin vínculos ni indicios de actividad criminal, y 2 cuerpos aún sin identificar. Estos datos contradicen la versión del gobernador Cláudio Castro, quien había sostenido que todas las víctimas, excepto los policías, eran delincuentes. La discrepancia alimenta las dudas sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y el respeto de los derechos humanos.

Pese a las críticas de Lula, la población de las favelas parece percibir la operación de otra manera. Una encuesta de AtlasIntel revela que el 87,6 % de los habitantes de las comunidades de Río aprueba la intervención, un promedio de casi nueve de cada diez.

Muchos residentes ven la acción como un paso necesario para contener la violencia y el dominio de los grupos criminales, aunque el Comando Vermelho (CV) sigue controlando el territorio.

Tras la operación, la línea para denuncias anónimas recibió 327 reportes vinculados a los barrios de la Penha y el Alemão: desde la presencia de barricadas del CV y movimientos de bandas armadas hasta datos sobre refugios de criminales.

De ellos, 127 (38,8 %) apuntan a Edgar Alves Andrade, alias “Doca”, jefe del CV en el complejo de la Penha, quien no fue capturado pese a ser uno de los principales objetivos del operativo.

En el territorio, la realidad muestra que poco ha cambiado. Las barricadas del crimen organizado siguen donde siempre, en especial en los accesos a Vila Cruzeiro. Los habitantes intentan volver a la vida cotidiana, yendo al mercado o asistiendo al gimnasio para adultos mayores de Estrada José Rucas, aún separado de la Rua Sargento Névio dos Santos por barreras de hierro clavadas en el asfalto. “Todo volvió a ser como antes, solo que ahora hay sangre”, declaró un transeúnte a la prensa brasileña.