BUENOS AIRES - La crisis venezolana representa uno de los nudos más complejos del panorama geopolítico latinoamericano, entrelazando emergencia humanitaria, tensiones institucionales e intereses internacionales.

Quien interviene en el debate es Malena Errico, funcionaria de la Cámara Federal de Casación Penal argentina, docente universitaria y presidenta del Circolo Giuridico de Argentina.

Con una larga trayectoria en las instituciones argentinas y en programas internacionales de lucha contra el crimen organizado, Errico es hoy una figura de referencia en América Latina en los temas de criminalidad organizada y del modelo antimafia italiano.

Según la jurista, la población venezolana se encuentra en una condición de particular fragilidad, agravada por dinámicas internas y externas. “La crisis venezolana ha colocado a su población en una condición de doble vulnerabilidad –observa–. Primero, frente a un gobierno ya objeto de investigaciones por prácticas autoritarias y restricciones a los derechos humanos. Y hoy, frente a operaciones y acciones externas no autorizadas que, bajo el argumento de restaurar la democracia, terminan profundizando la inestabilidad”.

Desde el punto de vista del derecho internacional, Errico subraya que la eventual ilegitimidad de un gobierno no puede constituir una justificación automática para el uso de la fuerza.

“Desde el derecho de gentes y el derecho internacional contemporáneo –dice– la posible ilegitimidad de un gobierno no habilita, por sí sola, a eludir el marco normativo vigente para justificar intervenciones bélicas unilaterales”, sobre todo cuando entran en juego “trasfondos económicos o geopolíticos que oscurecen cualquier presunta finalidad humanitaria”.

La jurista recuerda los principios fundantes del orden jurídico internacional y señala que “la paz garantizada día a día se basa en la igualdad soberana de los Estados, en la prohibición del uso de la fuerza y en la no injerencia en los asuntos internos”, tal como lo establece la Carta de las Naciones Unidas.

Normas que, según Errico, son incompatibles con el regreso de doctrinas que atribuyen a una potencia el rol de “árbitro y juez hemisférico” sin ninguna legitimación jurídica.

La jurista explica que en América Latina esta postura hunde sus raíces históricas en la Doctrina Monroe (1823) y en el posterior Corolario Roosevelt (1904), “que transformaron un principio, inicialmente presentado como defensivo, en un instrumento de proyección hegemónica”. Y advierte: “Invocar hoy, aunque sea de manera implícita, esa tradición doctrinaria respecto de los hechos en Venezuela, colisiona con el derecho internacional contemporáneo”, ya que sustituye los mecanismos institucionales por acciones unilaterales sin base jurídica, debilitando el multilateralismo y agravando el riesgo humanitario.

Para la presidenta del Círculo Jurídico de Argentina, la presencia de irregularidades institucionales no puede justificar atajos ilegales. “La existencia de irregularidades que deben ser debidamente observadas y analizadas no habilita su corrección mediante conductas que profundizan la ilegalidad, ni legitima la violación de los procedimientos legales”, afirma.

La respuesta compatible con el derecho internacional, insiste Errico, pasa en cambio por instrumentos ya existentes: documentar los hechos, activar las vías judiciales y proteger a la población civil.

En este marco, un rol central le corresponde a la Corte Penal Internacional (CPI), a la que, por otra parte, Estados Unidos nunca adhirió. “El camino institucional existe y está normativamente disponible: la CPI. Venezuela es parte del Estatuto de Roma (el tratado constitutivo de la CPI), lo que permite la investigación y la eventual responsabilidad penal individual por crímenes de lesa humanidad”, recuerda la jurista, señalando en el sistema de las Naciones Unidas la vía legítima para garantizar el debido proceso y prevenir nuevas formas de violencia.

Frente a la tragedia venezolana, concluye Errico, “el dilema no es entre inacción o unilateralismo armado, sino entre una política de poder, donde el interés económico se disfraza retóricamente de filantropía, y un orden jurídico internacional basado en reglas”.

“Solo un enfoque pacífico, multilateral y respetuoso de los pueblos podrá ofrecer una salida que no transforme, una vez más, a la sociedad venezolana en rehén de la historia”, concluye.