SANTIAGO DE CHILE - Por fuera del listado de ministros, las designaciones dicen más por lo que sugieren que por lo que prometen. Y, en Chile, los nombres escogidos por el presidente electo José Antonio Kast, que asumirá el 11 de marzo, reactivaron una alarma sensible: dos abogados con antecedentes de defensa de Augusto Pinochet quedaron ubicados en áreas clave del futuro gobierno.
La reacción de agrupaciones de derechos humanos y familiares de víctimas llegó rápido, sobre todo por el lugar que ocupará Fernando Rabat al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mientras que Fernando Barros fue anunciado para Defensa. Ambos, de acuerdo con reconstrucciones periodísticas en Chile, integraron estrategias jurídicas vinculadas a Pinochet en distintas causas, incluida la etapa del arresto en Londres y expedientes asociados al patrimonio del dictador.
En ese clima, Mauricio Weibel, periodista e investigador, plantea que no se trata de un ruido menor. En diálogo con Il Globo, definió la señal como “muy mala” y la ubicó en un punto delicado: el recorrido —incompleto, pero real— de los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad.
“Chile, al igual que Argentina, es de los pocos países que ha logrado juzgar a sus dictaduras. Hay más de 250 militares presos”, sostuvo Weibel, al describir el contexto local. Y agregó que, pese a los tiempos largos y los obstáculos, “han existido y siguen habiendo juicios contra quienes participaron en crímenes de lesa humanidad en dictadura”.
El entrevistado remarcó que, en el último tiempo, hubo decisiones judiciales y administrativas que endurecieron el cumplimiento de condenas: “Se revierten” beneficios que habían reducido penas y “tienen que volver a la cárcel los que habían salido”, explicó.
En ese marco, el nuevo gabinete le parece un quiebre con peso político. “Gana la ultraderecha las elecciones con un candidato que solía visitar a los presos por violaciones a los derechos humanos”, dijo Weibel. Y completó: “Ha nombrado a dos abogados que participaron en la defensa de Pinochet… Por lo tanto, efectivamente es una muy mala señal. Es una señal totalmente en contra de lo que ha sido el avance, quizás más lento, pero sostenido, de las causas de derechos humanos en Chile”.
El punto que el analista subraya como más inquietante no es solo simbólico. Es operativo.
En su lectura, la ultraderecha instaló como consigna una medida concreta: el indulto a violadores de derechos humanos. Y eso, advierte, puede trasladarse del discurso al Boletín Oficial: “Una de las banderas que levantó la ultraderecha fue el indulto… entonces es muy probable que eso se operacionalice”.
Fuentes periodísticas chilenas también registraron ese temor en organizaciones de familiares, que interpretan la elección de figuras asociadas a la defensa del pinochetismo como un mensaje de retroceso en memoria, verdad y justicia, con preocupación por eventuales beneficios penitenciarios y por el rumbo de políticas públicas vinculadas a derechos humanos.
Weibel, además, contextualiza el armado como un gabinete con rasgos de fragilidad: “Mayormente independiente… con poco peso político”, describe, y especula con un diseño de primera etapa —“los primeros gabinetes duran seis u ocho meses”— antes de un recambio más estable.
La advertencia final, sin embargo, vuelve al mismo eje: si el Gobierno que llega a La Moneda decide tensar el sistema de justicia transicional, el impacto no será solo jurídico. Puede convertirse en un conflicto social y político de primera línea, en un país donde las heridas de la dictadura siguen abiertas, pero también donde hubo —con límites— una construcción institucional para juzgar crímenes de Estado.
