MENDOZA - El conflicto por la megaminería volvió a escalar en Mendoza a partir de la sanción definitiva del proyecto PSJ Cobre Mendocino por parte del Senado provincial, aprobada la semana pasada. El emprendimiento, antes conocido como Proyecto San Jorge, prevé la extracción de cobre mediante minería a cielo abierto a unos 37 kilómetros de la localidad de Uspallata, en plena zona cordillerana.

El proyecto había permanecido suspendido durante casi 15 años como resultado de fuertes resistencias sociales. Fue rechazado por la Legislatura en 2008 y volvió a enfrentar masivas movilizaciones en 2011. Sin embargo, en enero de este año las empresas presentaron un nuevo Informe de Impacto Ambiental (IIA) y el oficialismo logró avanzar hasta convertir la Declaración de Impacto Ambiental en ley.

Desde las asambleas socioambientales advierten que el núcleo del conflicto sigue siendo el agua. “Nos oponemos al proyecto porque pone en riesgo el agua de Mendoza, el agua donde nacen nuestros ríos”, sostiene Guni Cañas, integrante de la Asamblea por el Agua. “El proyecto se ubica en las nacientes del río Mendoza, que es el que abastece a gran parte de la población mendocina”.

Uno de los puntos más cuestionados es el uso de agua del Arroyo El Tigre, un curso de montaña de caudal irregular. “Pretenden sacar agua de un arroyo que en muchas épocas está prácticamente seco. No les va a alcanzar el agua para desarrollar el proyecto”, señala Cañas. Según explica, las mediciones hídricas que presenta el informe son poco confiables: “Los caudales están mal medidos. El aforo se rompió y nunca se pudo construir una línea de base sólida. Hay una gran incertidumbre sobre la disponibilidad real de agua”.

Las críticas también apuntan a la falta de actualización de los datos. El balance hídrico del estudio ambiental utiliza información de 2008 y 2010, algo que para las asambleas resulta inadmisible en el contexto actual. “En Mendoza estamos atravesando una mega sequía histórica, no vista desde hace al menos mil años, según la comunidad científica. Ese escenario no está contemplado en el informe”, advierte Cañas.

A esto se suma la falta de precisión sobre los insumos químicos que utilizaría el emprendimiento. Si bien el estudio afirma que no empleará sustancias como cianuro o ácido sulfúrico —prohibidas por la Ley 7722—, reconoce que se usarán “otros productos químicos” sin detallar cuáles. “No han respondido los informes técnicos que advierten sobre los tóxicos que van a utilizar”, remarca la referente ambiental.

El cuestionamiento no es solo ambiental, sino también social y político. “Este proyecto no tiene licencia social. Uspallata ya dijo que no, Mendoza ya dijo que no”, afirma Cañas. En ese sentido, denuncia que el avance del proyecto se dio en un clima de criminalización de la protesta: “Tenemos compañeros reprimidos, judicializados y perseguidos por manifestarse en defensa del agua”.

Otro eje sensible es el de los derechos de los pueblos originarios. Según las asambleas, el proyecto avanzó sin cumplir con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades huarpes, tal como establece el Convenio 169 de la OIT. “Las comunidades originarias expresaron por escrito su rechazo al proyecto y dijeron claramente que no fueron consultadas como corresponde”, subraya la activista.

Durante el tratamiento legislativo también se denunciaron presiones sobre el ámbito científico. “Hubo informes muy duros de la Universidad Nacional de Cuyo que no fueron respondidos. Y ocurrió un hecho gravísimo: un comunicado crítico del CONICET Mendoza fue publicado y luego retirado, reemplazado por otro mucho más tibio. Eso fue un acto claro de censura”, sostiene Cañas.

En el marco del tratamiento y la aprobación en el Senado, las organizaciones socioambientales se movilizaron bajo el lema “El agua no se negocia”, en lo que denominaron “la gesta libertadora por el agua”, una marcha que recorrió localidades de toda la provincia y confluyó en la capital mendocina, evocando el camino sanmartiniano hacia la cordillera.

“Hoy el proyecto es ley, pero la gente sigue en la calle, organizada, informando y coordinando acciones -concluye Cañas- Vamos a seguir luchando en lo social y en lo legal, porque todo este proceso es inconstitucional. En Mendoza se está decidiendo mucho más que una mina: se está decidiendo el futuro del agua”.