BUENOS AIRES -El presidente Javier Milei firmó el decreto que habilita sesiones extraordinarias en el Congreso nacional entre el 10 y el 30 de diciembre de 2025. Se trata de un tramo legislativo fuera del calendario ordinario, previsto por la Constitución, en el que la agenda queda limitada a los temas que el Poder Ejecutivo define en la convocatoria. En esta etapa, Diputados y Senado solo pueden discutir el listado fijado por la Casa Rosada y dentro del plazo establecido.

El temario es breve —seis iniciativas— pero de fuerte impacto político y económico. En primer lugar aparece el Presupuesto 2026, que el oficialismo pretende convertir en señal de previsibilidad fiscal para cerrar el año.

El proyecto ya había avanzado en comisiones durante 2025, pero al finalizar el período regular perdió vigencia formal y deberá volver a dictaminarse antes de llegar al recinto. La Libertad Avanza busca la media sanción en diciembre, con la meta de equilibrio financiero como línea roja de negociación.

El paquete fiscal se completa con dos proyectos tributarios. La Ley de Inocencia Fiscal apunta a modificar parámetros de investigación penal en materia impositiva, elevando umbrales para considerar configurado el fraude y reduciendo plazos de control y reclamo del organismo recaudador.

Junto a ella está la ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, con la que el Ejecutivo busca dejar legalmente asentada la obligación de proyectar presupuestos sin déficit.

Pero diciembre no se concentra solo en números. El decreto incluye además la modernización laboral, aún sin texto ingresado formalmente, que el Gobierno deberá enviar durante estas semanas. El Ejecutivo anticipa una reforma orientada a revisar reglas del empleo, con foco en formalización, costos y cargas patronales, un punto que promete fricción con sindicatos y bloques opositores.

En paralelo, figura la reforma del Código Penal, redactada por especialistas y anunciada por Milei en octubre, que propone endurecimiento de penas, reordenamiento de delitos y la incorporación de figuras vinculadas al crimen tecnológico, incluida la utilización de inteligencia artificial. También es un proyecto que todavía no llegó a mesa de entradas, pero la convocatoria lo convierte en prioridad de extraordinarias.

La sorpresa política del temario está en el último punto: la adecuación del régimen de protección de glaciares y ambiente periglaciar. La iniciativa no fue presentada aún, pero busca rediscutir la ley vigente para ampliar márgenes de decisión provincial sobre zonas aptas para proyectos mineros en áreas cordilleranas.

Su inclusión agrega un frente de tensión doble. Por un lado, anticipa una discusión territorial: provincias con economías mineras reclaman mayor flexibilidad para habilitar inversiones. Por otro, activa la resistencia del movimiento socioambiental, que advierte que una reforma orientada a reducir restricciones podría debilitar la protección de ecosistemas de alta montaña, comprometer reservas de agua dulce y reabrir conflictos con comunidades locales en un contexto de estrés climático.

Detrás de la agenda, late la estrategia parlamentaria. La Libertad Avanza llega a este cierre de año sin mayorías propias y necesita acuerdos con bloques provinciales para avanzar con su paquete central. Con esa fragmentación, muchos votos se definen más por alineamientos territoriales que partidarios nacionales, lo que empuja la negociación hacia los gobernadores.

En ese marco, la discusión sobre glaciares aparece como un incentivo para sumar respaldo de provincias cordilleranas, mientras el oficialismo intenta blindar el núcleo fiscal y empujar las reformas laboral y penal al menos un casillero más adelante.

Con un calendario corto, proyectos todavía a remitir y un temario de alto voltaje, las extraordinarias de diciembre abren una cuenta regresiva legislativa para Milei: consolidar su plan económico en el Congreso, avanzar con reformas estructurales y contener, al mismo tiempo, una disputa ambiental que promete trasladarse con fuerza a la calle y al recinto.