BUENOS AIRES - En el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el Gobierno de Javier Milei optó por una narrativa que, en lugar de condenar el terrorismo de Estado, buscó equiparar la violencia de la dictadura cívico-militar (1976-1983) con la de grupos guerrilleros. 

A través de un video oficial, la administración libertaria intentó imponer una versión histórica negacionista sobre lo que sucedió en aquel período. Algo similar a lo que hizo en 2024.

El eje de la polémica fue un video difundido por la Casa Rosada, protagonizado por el politólogo de ultraderecha y fundador de la Fundación Faro Agustín Laje, titulado Memoria, Verdad y Justicia. Completa (esta última palabra, en rojo). En el material, de 19 minutos, Laje afirma que el golpe de Estado y el plan de exterminio planificado fueron en realidad “una guerra” entre el Estado y grupos como Montoneros y el ERP y niega la cifra de desaparecidos, alimentando, de ese modo, la teoría de los dos demonios.

Laje, que relata que nació en 1989 y que vivió “toda su vida en democracia”, sostiene que “lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del 70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista”.

Las omisiones clave del relato oficial

El video difundido por el Gobierno nacional omite una serie que factores que explican que el plan llevado a cabo por el gobierno militar fue un genocidio que formó parte de un plan sistemático de exterminio. 

La formación de los militares argentinos -desde 1957, casi veinte años antes del Golpe de Estado y cuando la guerrilla aún no existía- con militares de Francia en técnicas “contrarrevolucionarias” como las utilizadas durante la Guerra de Argelia -en la que se utilizó torturas, la eliminación física del enemigos- desmiente la idea de que la represión fue una “respuesta” a la violencia de la guerrilla.  

“No está bien ocultar la situación de guerra revolucionaria que vivía la Argentina de los años 70”, dice Laje. Sin embargo, está probado que al momento del golpe militar la guerrilla había sido desarticulada. O, más bien, aniquilada por el terrorismo de Estado que funcionó de la mano de la triple A. 

Además, de acuerdo al informe de la CONADEP de 1984, la mayoría de las personas desaparecidas eran civiles sin vínculos armados ni militancia política, lo que también desmiente que el golpe militar haya sido una respuesta al accionar de las guerrillas.

El video oficial pretende justificar el asalto al poder político del 24 de marzo de 1976 como una “necesidad” de reordenamiento del país debido a la violencia política que había en aquel periodo. Pero omite mencionar el rol de sectores económicos y políticos que apoyaron el golpe, así como los más de 1.000 civiles condenados por complicidad con la represión estatal. 

La dictadura militar fue apoyada e incentivada por grupos empresariales que se vieron beneficiados por las políticas económicas instauradas por el régimen, además de que muchos colaboraron de manera activa. 

Tal es el caso de Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, que murió impune, sin haber sido condenado por su participación en La Noche del Apagón. En aquella ocasión -en julio de 1976- la policía de Jujuy, junto a la Federal, Gendarmería y el Ejército, cortaron la luz y cercaron Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar. Solo quedó iluminado el Ingenio Ledesma, que se encontraba en época de zafra. Esa noche, 400 personas fueron secuestradas: delegados sindicales, estudiantes y activistas políticos, muchos de ellos torturados en un predio de la empresa. Treinta y tres siguen desaparecidos. El operativo ocurrió apenas cuatro meses después del inicio de la dictadura.

“El número de 30 mil desaparecidos no tiene ningún respaldo y se impuso propagandísticamente”, sostuvo también Laje. Pero sabe, porque él mismo lo admite, que “hubo una represión ilegal por parte del Estado” y que ese mismo Estado ocultó la información sobre sus secuestros, asesinatos y desapariciones. Sabe también que el informe de la CONADEP de 1984 - que identifica 8.960 es limitado, que con el correr de los años se fueron sumando numerosas denuncias. El número total de detenidos-desaparecidos y de víctimas del terrorismo de Estado no se conoce por el carácter ilegal y clandestino que tuvo el accionar del Estado y en especial de las fuerzas armadas y de seguridad en ese período

El reconocimiento por parte del Estado argentino de más de 800 centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) es un elemento clave en la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese período. Estos centros, donde se practicó la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas, fueron parte de un sistema represivo organizado y sistemático.

La estimación de 30.000 desaparecidos, utilizada históricamente por organismos de derechos humanos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, se basa en múltiples fuentes, e incluyen testimonios de sobrevivientes que permitieron reconstruir la cantidad promedio de detenidos en cada centro clandestino de detención -de acuerdo al Estado argentino, fueron alrededor de 800-, documentos oficiales y archivos desclasificados que revelan la magnitud del operativo represivo -en 2006, documentos desclasificados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos mostraron que los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún restaban cinco años para el retorno de la democracia-.

Por último, la versión oficial también omite hacer mención a la desigualdad de fuerzas entre el Estado y las víctimas de su violencia. “Borraron de la memoria histórica el accionar de las organizaciones terroristas”, sostiene Laje en el material audiovisual difundido por la casa Rosada.

Martín Kohan, filósofo y escritor, lo explicó esta mañana en diálogo con Gelatina: “El planteo de la negación de la teoría de los dos demonios no fue planteado en términos de negar la existencia de la lucha armada y presentar solamente la dimensión del Terrorismo de Estado, sino poniendo en cuestión la equiparación político-jurídica de una violencia con la otra”, sostuvo.

Para Kohan, no se puede equiparar cuando el Estado rompe el orden legal e incumple la ley a cuando lo hacen fuerzas insurgentes. “La transgresión de la ley es siempre más grave cuando la comete el Estado -afirmó-. El Estado no solo tiene el monopolio de la fuerza legítima, sino también la función de establecer la ley y regular su cumplimiento. Por eso la ruptura del orden legal y la comisión de delitos, que además son de extrema gravedad, es siempre de otra índole, y de otra gravedad también, si quien rompe el orden legal es el propio Estado”.