MONTEVIDEO — Después de haber obtenido la aprobación de la Cámara de Diputados el pasado agosto, el Senado uruguayo convirtió en ley un proyecto sobre eutanasia que, sin embargo, sigue encontrando resistencias.

La iniciativa, llamada “Muerte digna” y promovida por el partido de izquierda que gobierna, el Frente Amplio (FA), despenaliza la asistencia al suicidio en determinadas condiciones. El Senado aprobó la norma este miércoles con 20 votos a favor sobre un total de 31 senadores presentes.

De esta manera, Uruguay se suma a un pequeño grupo de países que permiten la muerte asistida, entre ellos Canadá, Países Bajos, Nueva Zelanda y España. En América Latina, si bien la jurisprudencia de Colombia y Ecuador ya había despenalizado de hecho la eutanasia mediante fallos judiciales, esta es la primera vez que se aprueba por ley en el Parlamento.

Durante el debate en el Senado, Ope Pasquet, autor de un primer proyecto en 2020 y hoy en la oposición, manifestó con firmeza su apoyo. Pasquet, que votó como suplente del senador del Partido Colorado Robert Silva, defendió la libertad individual:

“Quien quiera la eutanasia, que la pida, y quien no la quiera, que la rechace”. También desestimó las críticas sobre posibles presiones y afirmó que “no va a venir ninguna autoridad a decir quiénes son pacientes eutanasiables y quiénes no. Esa es una falsedad que se ha repetido muchas veces. La decisión de pedir la eutanasia es prerrogativa de la persona”.

En defensa de la ley, el senador oficialista Daniel Borbonet (FA) señaló que la norma “no obliga a nadie, pero ofrece una alternativa que hoy no existe”. Y advirtió: “Se trata de un derecho a decidir; no reemplaza lo que ya hay ni impone conductas”.

Entre los principales opositores, el senador del Partido Nacional (PN) Javier García cuestionó los conceptos de “muerte digna” y “libertad” utilizados, considerando que el proyecto “no ofrece garantías”. Según García, “el Estado no debería hacerse cargo de la muerte sin hacerse cargo de la vida. La ley debería tener la misma capacidad de ofrecer la posibilidad de vivir que la que ahora ofrece para morir”.

Luego de la votación, la senadora del FA Constanza Moreira publicó en su cuenta de X: “Hoy Uruguay vuelve a estar a la vanguardia en la agenda de derechos. Aprobamos la ley de eutanasia: una norma que reconoce la libertad de decidir hasta el final, con dignidad y libertad.”

La ley aprobada hace hincapié en la protección del paciente y del personal médico mediante un estricto protocolo de verificación y consentimiento. Los requisitos básicos para acceder al procedimiento incluyen ser mayor de edad, ciudadano o residente, y estar psíquicamente capacitado, además de padecer una enfermedad incurable o terminal que cause sufrimientos insoportables con un grave deterioro de la calidad de vida.

El proyecto establece múltiples garantías procedimentales. El médico que reciba la solicitud puede negarse a realizar el procedimiento. En ese caso, el paciente puede presentar su pedido a otro médico. Si este también lo rechaza, se convoca una junta médica compuesta por tres especialistas: un médico general, un psiquiatra y un experto en la patología del paciente.

Si el primer médico acepta, deberá someter el caso al dictamen de un segundo médico, que accederá a la historia clínica y entrevistará al solicitante. Solo después de la confirmación del segundo médico se podrá proceder.

Las instituciones de salud también pueden negarse a realizar el procedimiento. Además, el paciente debe atravesar varias etapas antes de expresar su voluntad por escrito y ante testigos, y puede revocar su consentimiento en cualquier momento. El texto aprobado por Diputados también prevé la creación de una comisión de revisión de casos, que deberá presentar un informe anual.

Podrán ofrecer eutanasia la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) —el principal prestador público de Uruguay—, las mutualistas, las aseguradoras privadas, el Hospital de Clínicas, la Sanidad Militar y la Sanidad Policial. Las clínicas privadas con fines de lucro, en cambio, no podrán ofrecer el servicio. A efectos legales, los procedimientos de eutanasia serán considerados muertes naturales.

La ley cuenta con amplio respaldo de la opinión pública: según una encuesta realizada en mayo por la consultora Cifra, el 62% de los uruguayos estaba a favor de la legalización de la eutanasia, mientras que solo el 24% se oponía.

Quienes defienden la norma destacan que el texto ofrece amplias garantías y refleja la historia de un país acostumbrado a aprobar leyes liberales, como la regulación del mercado de la marihuana, el matrimonio igualitario y el aborto.

La activista Florencia Salgueiro, de la asociación Empatía, cuya lucha comenzó tras acompañar el calvario de su padre —fallecido a los 57 años por ELA, sin poder concretar su deseo de una muerte asistida—, afirmó que la clave de la ley es el respeto por la voluntad de un adulto de poner fin a su sufrimiento.

El Colegio Médico del Uruguay no adoptó una posición oficial, respetando la diversidad de opiniones entre sus miembros, aunque brindó asesoramiento durante todo el proceso “para garantizar la máxima seguridad para pacientes y médicos”, según explicó su presidente, Álvaro Niggemeyer.

Por otro lado, la Iglesia Católica expresó su “tristeza” por la aprobación de la ley. La oposición al proyecto también trascendió el ámbito religioso: más de una decena de organizaciones y decenas de personas criticaron el texto, al que calificaron como “deficiente y peligroso”.