BUENOS AIRES – Era tristemente conocido como “el obstetra del horror”, por su rol en los partos clandestinos y en el robo sistemático de recién nacidos durante la última dictadura cívico-militar. Jorge Antonio Bergés, médico de la Policía Bonaerense, murió a los 83 años en una clínica de Quilmes, en el conurbano bonaerense, donde desde hacía tiempo cumplía arresto domiciliario.

Con él se van muchos secretos nunca revelados.

Bergés fue una pieza clave del sistema de apropiación de los hijos de desaparecidos. Prestaba servicios en los centros clandestinos de detención que integraban el llamado “Circuito Camps”, la estructura represiva comandada por el general Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires.

Allí asistía los partos de detenidas embarazadas secuestradas ilegalmente; los bebés luego eran entregados (o vendidos) a familias vinculadas al régimen, mientras las madres eran asesinadas.

Su participación en el aparato represivo no se limitó al robo de recién nacidos. Según los testimonios recogidos en los juicios en su contra, también intervenía durante las sesiones de tortura llevadas adelante por subordinados de Camps.

Ingresó a la Policía Bonaerense en 1964 y fue destinado inicialmente a una comisaría de Avellaneda, en la zona sur del conurbano. Al momento del golpe de Estado de 1976 se desempeñaba en la Dirección General de Investigaciones (DGI), dirigida por Miguel Osvaldo Etchecolatz, uno de los principales y más crueles responsables de la represión.

En los primeros años de la democracia fue detenido, pero luego se benefició con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que garantizaron la impunidad de numerosos responsables del terrorismo de Estado. Recién a comienzos de los años 2000, durante la presidencia de Néstor Kirchner, esas normas fueron anuladas bajo el principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y se reabrieron los procesos judiciales.

Con el paso del tiempo acumuló varias condenas: seis años en la llamada “Causa 44” (por la apropiación de Carmen Gallo Sanz y Pedro Nadal García) y, en marzo del año pasado, prisión perpetua en el juicio por los crímenes cometidos en las brigadas de Lanús, Quilmes y Banfield. Al momento de su muerte todavía estaba imputado por el secuestro y las torturas sufridas por Jorge Julio López en la Comisaría 5ª de La Plata.

López, sobreviviente del secuestro y las torturas en 1977, era testigo clave en un proceso contra Etchecolatz cuando el 18 de septiembre de 2006 desapareció por segunda vez. Su cuerpo nunca fue encontrado.

Entre los testimonios más estremecedores figura el de Adriana Calvo, la primera sobreviviente en declarar en el Juicio a las Juntas impulsado por el presidente Raúl Alfonsín, que años después sería llevado al cine (Argentina, 1985, de Santiago Mitre). Contó que dio a luz a su hija Teresa en un auto que la trasladaba desde la Comisaría 5ª de La Plata al centro clandestino conocido como “Pozo de Banfield”. En ese lugar, Bergés intervino de manera brutal, arrancándole la placenta de un puñetazo y ordenándole que limpiara el piso antes de poder tomar en brazos a la recién nacida.

También el sobreviviente Pablo Díaz recordó al médico como una presencia constante en la maquinaria represiva: fue quien le ordenó limpiar las heridas de otros detenidos o compartir celda con una prisionera embarazada hasta el inicio del trabajo de parto.

Según la fiscal Ana Oberlin, el accionar de Bergés fue más allá del plan sistemático de sustracción de hijos de desaparecidos. Habría utilizado la misma estructura para el tráfico de menores no necesariamente vinculados al terrorismo de Estado, y continuado esas prácticas incluso después del fin de la dictadura. Se ocupaba de “vender” bebés (no se sabe si sustraídos a madres bajo coacción o con su consentimiento), firmando partidas de nacimiento falsas en las que los compradores figuraban como padres biológicos. “Hablamos de una continuidad que supera el período del terrorismo de Estado – explicó Oberlin – y que implica violencia contra niños a través de la privación de la identidad”.

Bergés también era dueño de una clínica privada en Quilmes. Durante los años de impunidad, organismos de derechos humanos impulsaron en su contra un “juicio simbólico”. En 1996 fue blanco de un atentado reivindicado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización guerrillera activa principalmente en los años ’70.

Recién en 1997 la fuerza lo declaró “no más necesario”, desvinculándolo después de haberlo sostenido y distinguido con reconocimientos oficiales.

Al conocerse la noticia de su muerte, Teresa Laborde Calvo –la niña nacida en condiciones inhumanas durante el cautiverio de su madre– escribió: “Murió ‘el obstetra del horror’ sin decirnos dónde están los niños que robó”. Palabras que resumen el sentido de una ausencia: la de la verdad completa sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina.

En las mismas horas también murió Carlos Alberto Lorenzatti, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito de centros clandestinos de detención conocidos como El Atlético, El Banco y El Olimpo.