BUENOS AIRES - La ciudadanía italiana se ha convertido en un tema de gran debate en Argentina. Un decreto-ley del gobierno italiano modificó recientemente las normas, limitando el derecho a la transmisión de la ciudadanía exclusivamente hasta la segunda generación. De este modo, una gran parte de la comunidad ítalo-argentina queda imposibilitada de obtener la ciudadanía. El cambio ha generado confusión e incertidumbre, incluso dentro de los consulados italianos.
Lo aprobado por el Consejo de Ministros establece que solo aquellos que tengan al menos un padre o abuelo nacido en Italia podrán obtener automáticamente la ciudadanía italiana. El reconocimiento del ius sanguinis por reconstrucción quedará restringido a quienes hayan nacido en Italia o tengan un padre que haya residido en el país al menos dos años.
La reforma también centraliza la gestión de los trámites en una nueva oficina con sede en Roma, lo que genera incertidumbre para aquellas personas que ya habían presentado su solicitud en los consulados.
Rodolfo Borghese, consejero del CGIE (Consejo General de los Italianos en el Exterior) y vicepresidente del COMITES de Córdoba, expresó su opinión y ofreció un análisis sobre la situación y los efectos de esta reforma.
Según Borghese, el decreto deja fuera al 80% de los ítalo-descendientes en Argentina, ya que la mayoría pertenece a generaciones más alejadas de la segunda. “Además, los consulados italianos dejaron de otorgar turnos para la ciudadanía de manera repentina. La situación es muy confusa, incluso para los empleados, que no saben cómo proceder”, agregó. Además dado el marco normativo poco definido, muchos funcionarios no tienen claro cómo seguir adelante.
Borghese subrayó que también es incierta la situación de los empleados consulares, muchos de los cuales gestionan los trámites de ciudadanía. “No saben si perderán sus puestos de trabajo –observó–. Personalmente, considero que podrían ser reasignados a otras funciones, como la creciente demanda de pasaportes y documentos de identidad”. Sin embargo, destacó que la naturaleza improvisada de este decreto generó preocupación dentro de las propias estructuras consulares.
Para Borghese, no queda más opción que esperar: “Se necesitarán al menos un par de semanas para que las oficinas consulares aclaren cómo proceder y cómo manejar los numerosos casos pendientes. Hay muchas ambigüedades técnicas”.
Borghese también señaló otros problemas específicos, como la gestión del Anagrafe (registro civil), ahora que los hijos de ciudadanos italianos en el exterior ya no pueden ser inscritos automáticamente, y las dudas sobre el futuro de los trámites ya iniciados.
A pesar de que el ministro del exterior de Italia, Antonio Tajani, aseguró que las solicitudes de reconocimiento de ciudadanía ya presentadas seguirán su curso, no está claro si esto incluye los casos de quienes entregaron la documentación el viernes antes de la entrada en vigor del decreto, pero aún debían completar el pago el lunes, cuando ya estaba vigente la nueva norma.
El decreto-ley que restringe el acceso a la ciudadanía italiana ahora deberá ser debatido en el Parlamento. “Por el momento, todo son conjeturas. La situación actual no permite hacer previsiones concretas”, aclaró Borghese.
El consejero indicó que los debates en las Cámaras ya han comenzado, pero el camino hacia una resolución definitiva aún es largo: “Los debates recién han iniciado. La reforma podría sufrir modificaciones significativas”.
