BOGOTÁ - La Fiscalía General de la Nación y la Policía de Colombia anunciaron avances clave en la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá.
Según explicó la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, el crimen fue el resultado de “una operación criminal estructurada”, en la que participaron tanto una red delictiva urbana como la disidencia guerrillera Segunda Marquetalia, señalada como responsable de definir los objetivos y las motivaciones del ataque.
En ese marco, la Fiscalía recurrió a un juez de control de garantías y obtuvo siete órdenes de captura contra los presuntos autores intelectuales, varios de ellos integrantes del estado mayor de la Segunda Marquetalia. Al mismo tiempo, las autoridades lanzaron recompensas millonarias para facilitar su localización y detención.
Entre los principales acusados aparece Kendry Téllez Álvarez, alias “Yako”, señalado como coordinador de la operación, junto con la cúpula del grupo, entre ellos Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez, exnegociador del acuerdo de paz de 2016 que volvió a la lucha armada en 2019.
Por información que permita su captura, las autoridades ofrecen hasta 5.000 millones de pesos —unos 1,25 millones de dólares— tanto para Márquez como para Téllez Álvarez. En el caso de Géner García Molina, alias “Jhon 40”, y José Manuel Sierra Sabogal, alias “Zarco Aldinever”, la recompensa asciende a 4.000 millones. Para otros jefes del grupo, entre ellos Jhon Jairo Bedoya Arias, Alberto Cruz Lobo y Diógenes Medina Hernández, se ofrecen hasta 2.000 millones.
Los siete están acusados de homicidio agravado, asociación ilícita agravada y delitos vinculados a la fabricación, tráfico y tenencia de armas de fuego.
Uribe Turbay, de 39 años y dirigente del partido Centro Democrático, había sido gravemente herido el 7 de junio de 2025 durante un acto de campaña en Bogotá y murió dos meses después a causa de las lesiones.
Las pruebas reunidas —interceptaciones, geolocalizaciones y tareas de inteligencia— indican que el ataque fue planificado en los primeros meses de 2025. Según la investigación, un intermediario facilitó encuentros entre los responsables y miembros de la Segunda Marquetalia, incluso en zonas cercanas a la frontera con Venezuela, donde se habría acordado un pago de hasta 1.000 millones de pesos para ejecutar el crimen.
La ejecución material fue encargada a un adolescente, ya detenido y condenado, reclutado a través de una red criminal urbana.
Para la Fiscalía, el crimen tuvo una clara motivación política y una planificación jerárquica orientada a golpear el sistema democrático del país. Camargo sostuvo que el asesinato estuvo “motivado por razones político-instrumentales vinculadas al ejercicio de sus funciones” y que reúne todos los elementos para ser considerado un magnicidio.
En nueve meses de investigación, las autoridades detuvieron a nueve personas vinculadas al caso, cuatro de las cuales ya fueron condenadas, incluido el autor material. Mientras tanto, continúa la búsqueda de los máximos responsables y la reconstrucción completa de la red detrás de uno de los hechos de violencia política más graves de la Colombia reciente.
