BUENOS AIRES – Organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, la Red Nacional de HIJOS y la Comisión Provincial por la Memoria expresaron su enérgico rechazo al Decreto 351/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, que modifica la estructura del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), quitándole su condición de ente autárquico y pasándolo a una nueva órbita administrativa bajo la Jefatura de Gabinete.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, establece la transformación del BNDG de “organismo descentralizado” a “organismo desconcentrado” con el objetivo de “optimizar recursos” y “fortalecer la eficiencia administrativa”. Sin embargo, para los organismos de derechos humanos, esta medida representa un grave retroceso en las garantías institucionales vinculadas a la Memoria, Verdad y Justicia.
La organización HIJOS seccional capital denunció que el decreto genera un “estado de gran incertidumbre” sobre el futuro del BNDG, institución clave para la identificación genética de personas nacidas en cautiverio durante la dictadura. En el mismo sentido, Abuelas de Plaza de Mayo afirmó que el cambio “vulnera el derecho a la verdad y el principio de no regresividad”, alertando que la pérdida de autonomía puede afectar la continuidad de investigaciones fundamentales.
La medida se suma a otros cambios implementados en los últimos meses, entre ellos la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría, el traspaso del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y del Sitio de Memoria exESMA al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), y los despidos masivos en organismos clave. Para Abuelas, estas decisiones “no son simples actos de racionalización administrativa, sino expresiones de una clara orientación ideológica”.
¿Qué es el BNDG y por qué es clave?
El Banco Nacional de Datos Genéticos, creado por la Ley 26.548 y reglamentado por el Decreto 38/2013, funciona como un organismo público de referencia en genética forense orientado a la identificación de personas apropiadas durante el terrorismo de Estado. Conserva muestras genéticas de familiares de desaparecidos, y permite contrastarlas con personas que tienen dudas sobre su identidad. Su existencia ha sido fundamental en la restitución de la identidad de más de 130 nietos y nietas.
Además, la ley establece la gratuidad del servicio y su carácter confidencial. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y las Abuelas canalizan los casos y garantizan el proceso junto al BNDG.
Hasta ahora, el Banco funcionaba con autonomía administrativa y financiera, lo que garantizaba independencia en su accionar técnico y judicial. Desde 2012, operaba en dependencias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con estrictas medidas de seguridad para proteger las muestras y datos almacenados.
Qué implica el decreto
El Decreto 351/2025 establece que el BNDG estará ahora bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología -dependiente de la Jefatura de Gabinete- y dirigido por un Director General Técnico elegido por concurso público. Aunque el texto indica que se mantendrá al personal actual “hasta tanto se apruebe la nueva estructura organizativa”, las organizaciones temen que esta reconfiguración afecte los recursos humanos y la toma de decisiones sobre las investigaciones.
HIJOS y Abuelas destacan que esta transformación se da en un contexto de ajuste generalizado, vaciamiento institucional y desfinanciamiento de políticas públicas vinculadas a los derechos humanos, y alertan que podría obstaculizar la búsqueda de casi 300 nietos y nietas que aún no conocen su verdadera identidad.
Repercusiones en redes y otros organismos
La Comisión Provincial por la Memoria expresó en redes sociales que el decreto “va en contra de los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de memoria y reparación”, y exigió su derogación. Por su parte, el BNDG no emitió declaraciones públicas, pero desde el entorno del personal técnico se dejó trascender preocupación por la estabilidad laboral y la continuidad de los procesos.
En tanto, tanto Abuelas como HIJOS llamaron a la sociedad a “defender el derecho a la identidad, la memoria y la justicia” y advirtieron que estas acciones “ponen en riesgo 40 años de democracia”.
