BUENOS AIRES – El calendario doméstico quedará en pausa el primer fin de semana de marzo. La conducción de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) decidió detener la novena jornada del Torneo Apertura y todas las competencias del ascenso como gesto político frente al avance judicial contra Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, quienes fueron citados a indagatoria en una causa por supuesta evasión impositiva.

La resolución fue adoptada por el Comité Ejecutivo con apoyo casi total de las instituciones afiliadas —la excepción fue Estudiantes de La Plata— y no obedece a reclamos salariales ni a conflictos gremiales. Se trata de una medida de presión en medio de una escalada entre la cúpula de Viamonte y el Gobierno nacional.

La ARCA, organismo que reemplazó a la AFIP, sostiene que la entidad madre del fútbol argentino habría retenido tributos como IVA, Ganancias y aportes previsionales sin depositarlos, configurando una presunta apropiación indebida por alrededor de $19.300 millones. Desde la sede de la calle Viamonte rechazan la acusación, aseguran que no existe deuda exigible y denuncian una ofensiva política vinculada al debate por las Sociedades Anónimas Deportivas.

La suspensión de la jornada coincide con las fechas fijadas para las declaraciones judiciales, lo que refuerza la dimensión política del conflicto. En la conducción entienden que la decisión exhibe cohesión interna y busca enviar un mensaje de fortaleza institucional ante lo que consideran un intento de condicionamiento externo.

La tensión entre la AFA y la Casa Rosada no es nueva. Se remonta al DNU 70/2023, que abrió la puerta a la transformación de los clubes en sociedades comerciales si así lo decidían sus socios. La dirigencia del fútbol rechazó esa posibilidad y logró frenar la aplicación de esos artículos mediante una cautelar judicial. Más tarde, la eliminación del Decreto 1212 —que otorgaba beneficios impositivos históricos— profundizó el malestar al incrementar las cargas sociales que afrontan las entidades.

Tras el anuncio, numerosos presidentes difundieron comunicados bajo la consigna de unidad institucional. Sin embargo, en redes sociales se multiplicaron cuestionamientos de socios e hinchas que rechazan que la competencia se detenga en defensa de dirigentes investigados. La discusión dejó en evidencia una brecha entre la postura de las cúpulas y parte de la base societaria.

En ese escenario sobresale la figura de Juan Sebastián Verón. El titular de Estudiantes impulsa un esquema mixto que permita incorporar inversión privada y mantiene un enfrentamiento abierto con Tapia. Su postura lo convirtió en el dirigente más cercano a la visión oficial sobre la modernización del sistema y en el principal contrapunto interno dentro del mapa dirigencial.

Con la FIFA observando de cerca cualquier posible injerencia estatal —que podría derivar en sanciones internacionales—, la disputa se desarrolla en el terreno judicial y fiscal. Más allá de la causa por los fondos reclamados, lo que se debate es el modelo de administración del deporte más popular del país y el equilibrio de poder dentro de su estructura.