BUENOS AIRES – El Gobierno Nacional desató una fuerte polémica al autorizar a las Fuerzas Armadas a realizar detenciones transitorias de civiles sorprendidos en flagrancia en la frontera norte del país. La medida, implementada bajo el marco de la denominada “Operación Roca”, fue confirmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien defendió la resolución como una herramienta para reforzar el control territorial frente al narcotráfico y otras amenazas transfronterizas.
Según el nuevo reglamento, los militares podrán detener a personas que cometan delitos en flagrancia y deberán entregarlas de inmediato a las autoridades judiciales o a las fuerzas de seguridad. También se establecen “reglas de empeñamiento” que limitan el uso de la fuerza a situaciones de defensa propia o de terceros, y prohíben el uso de armas contra vehículos o personas que intenten huir, incluso cuando haya sospechas fundadas de un delito.
Petri justificó la decisión al señalar que “la posibilidad de detención en flagrancia está prevista en todos los códigos procesales del país”, y apuntó contra los críticos: “Sí, es una medida controversial, pero solo para quienes defienden narcos, terroristas y delincuentes violentos. Elijan de qué lado van a estar”, escribió en su cuenta de X.
La resolución generó un inmediato rechazo en sectores de la oposición, encabezados por el exministro de Defensa Agustín Rossi, quien consideró que la norma no es solo controvertida, sino “ilegal”. Para Rossi, la resolución va en contra de lo que establecen las leyes de defensa nacional y de seguridad interior, que delimitan claramente las funciones de las Fuerzas Armadas.
“El personal militar que acate estas órdenes está absolutamente desprotegido legalmente”, advirtió Rossi, y cuestionó el secretismo con que se manejó el nuevo reglamento. “Ahora entendemos por qué Petri mantenía en secreto las reglas de empeñamiento: violan el sistema legal vigente”, expresó también en su cuenta de X.
Rossi denunció además que la resolución debilita el rol tradicional de las Fuerzas Armadas al asignarles funciones propias de las fuerzas de seguridad. En su opinión, esta transformación es “inoportuna”, dado el contexto internacional, y “siniestra”, porque obliga a los militares a actuar sin el respaldo normativo necesario.
El operativo ya está en marcha con el despliegue inicial de 1.300 soldados en la provincia de Salta, y el objetivo del gobierno es alcanzar los 10.000 efectivos en la zona antes de fin de año. No obstante, voces críticas dentro del propio ámbito militar alertan sobre la falta de claridad en la cadena de mando y en la coordinación con otras fuerzas de seguridad, lo que podría derivar en conflictos operativos y responsabilidades difusas ante eventuales abusos o errores.
La controversia parece lejos de disiparse. La frontera norte, históricamente permeable al narcotráfico y al contrabando, se ha convertido ahora también en un nuevo frente de debate político y jurídico.
