BUENOS AIRES — Una polémica medida judicial impuesta por el juez federal Alejandro Maraniello —quien enfrenta al menos nueve denuncias por acoso sexual, abuso de poder y maltrato laboral— generó un fuerte revuelo político y mediático: el magistrado hizo lugar a un pedido del Ministerio de Seguridad y prohibió la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y actual secretaria general de la Presidencia. Los audios, según la resolución judicial, habrían sido grabados dentro de la Casa Rosada y su publicación implicaría, según el Gobierno, una grave amenaza a la seguridad institucional. Sin embargo, el audio volvió a circular públicamente... desde Uruguay.

La resolución firmada por Maraniello ordena el "cese de la difusión" de los audios "grabados en la Casa de Gobierno" que fueron "anunciados el día 29/08/2025", atribuidos a Karina Milei. “Se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”, escribió el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X (antes Twitter), al celebrar la medida.

Maraniello tomó la causa sin sorteo, algo que despertó críticas por lo bajo entre juristas, y no es un juez ajeno a la polémica: busca dar el salto a la Cámara Federal mientras enfrenta múltiples expedientes en el Consejo de la Magistratura por su conducta en el juzgado.

Pese a este trasfondo, el magistrado accedió con celeridad a la cautelar presentada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. La denuncia fue realizada por el funcionario Fernando Soto, quien sostuvo que la difusión de los audios forma parte de una “burda operación de inteligencia no institucional”, con fines de desestabilización política en el marco de la campaña electoral.

El escrito del Ministerio denuncia una “campaña de desinformación” que busca “influenciar ilegítimamente en la opinión pública” y que, según afirman, podría estar conectada con una red de influencia rusa en la Argentina. Se acusa incluso a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico, así como a empresarios de medios vinculados al canal de streaming “Carnaval”, de participar de esta maniobra. El ministerio pidió allanamientos, secuestros de equipos y que se notifique a plataformas digitales para que bloqueen y remuevan los contenidos, aunque el juez no hizo lugar a esas medidas por el momento.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal no tardó en manifestarse y calificó la medida como censura previa. “Aunque presentada como provisoria y excepcional, configura un claro supuesto de censura previa, abolida por la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 32, e incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señala el comunicado firmado también por la Asociación de Abogados de Buenos Aires y el Colegio de la Ciudad.

El texto recuerda que la Corte Suprema ya se pronunció en contra de este tipo de medidas en fallos históricos como el de Tato Bores contra la jueza Servini, en donde se defendió el principio de que ninguna publicación puede ser prohibida antes de su difusión.

“La libertad de expresión protege no solo el derecho individual a emitir ideas, sino también el derecho colectivo a recibir información sobre asuntos de interés público”, añade el comunicado. Y en este caso, remarcan, no se trata de la vida privada de un funcionario sino de grabaciones relacionadas con el ejercicio del poder y el funcionamiento del Estado.

Mientras tanto, en Uruguay, el periodista Eduardo Preve difundió uno de los audios atribuidos a Karina Milei de forma completa en su programa de streaming. Según dijo, el archivo es parte del material que iba a ser publicado por Rial en “Carnaval Stream”, antes de que se dictara la medida judicial. En Uruguay, la resolución del juez argentino no tiene validez, por lo que la difusión se realizó sin restricciones. En pocos minutos, el audio volvió a circular en redes sociales y grupos de mensajería.

Curiosamente, tanto Patricia Bullrich como Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, salieron a pronunciarse públicamente tras la difusión del nuevo material. Ambos afirmaron que el audio habría sido grabado en dependencias del Congreso.

“En el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”, escribió Menem en X. “El espionaje ilegal, guardado cautelosamente hasta la cercanía electoral, nos muestra una operación concertada en todas sus etapas”, agregó Bullrich, quien anunció que ampliará la denuncia penal.

Sin embargo, el fallo judicial prohíbe explícitamente solo la difusión de audios grabados en la Casa Rosada, lo que genera un vacío legal respecto a otras grabaciones. ¿Qué ocurre si el audio fue grabado en otro edificio del Estado, como el Congreso? La propia ministra y el presidente de Diputados, al referirse a otra sede, parecen deslizar una respuesta: el material que se conoció el lunes no estaría alcanzado por la cautelar.