BUENOS AIRES – En algo coinciden todos: en el referéndum del 22 y 23 de marzo es importante votar. Por dos motivos. El primero es que no hay quórum: al tratarse de una consulta de reforma constitucional (y no derogatoria), el resultado será válido independientemente de la cantidad de votantes.
Pero para los italianos que viven en el exterior hay además otra razón.
“Háganse sentir, demuestren que están presentes y que participan en la vida política del país”, dice Fabio Porta, diputado del Partido Democrático, elegido por la circunscripción América del Sur. En esa misma región también fue electo el senador Mario Borghese (MAIE), quien refuerza la idea: “Es muy importante que los italianos que viven en el exterior voten. Ese es el principal desafío, sobre todo ahora que se está discutiendo el tema de la ciudadanía. Después cada uno votará sí o no, según sus convicciones”.
Las coincidencias, sin embargo, terminan ahí. Porta y Borghese representan a dos fuerzas políticas ubicadas en veredas opuestas. El MAIE impulsa el Sí; el PD promueve el No. Y ambos explican a Il Globo los motivos de sus posiciones.
“Esta no es una reforma contra la magistratura ni contra la Constitución –dice Borghese–. Al contrario, es una reforma pensada para fortalecerla, de modo que la política deje de influir en el equilibrio del sistema”.
La referencia apunta a las corrientes internas dentro del Consejo Superior de la Magistratura (Csm), el órgano que gobierna la carrera de jueces y fiscales en Italia: su peso se reduciría de manera significativa con el sistema de sorteo.
“Creemos que será positivo para el país”, agrega. Según Borghese, la separación de las carreras permitirá una mayor autonomía dentro de la propia magistratura.
“Sé que el sector del No sostiene que la separación ya existe en la práctica –subraya–, que actualmente solo entre el 1 y el 2 por ciento de los magistrados pasa del rol de juez al de fiscal o viceversa. Pero esa posibilidad todavía sigue existiendo, al menos en teoría”.
No solo eso. “La separación –continúa– no será solo de funciones, sino de toda la carrera, justamente, con dos Csm distintos para fiscales y jueces y un nuevo organismo, la Alta Corte, encargado de los procedimientos disciplinarios contra los magistrados”. Sus integrantes también serán elegidos por sorteo, para garantizar la imparcialidad, entre magistrados, profesores universitarios de Derecho y abogados con al menos 20 años de ejercicio profesional.
Hay un punto en el que Borghese insiste: “No será un ataque a la Constitución ni tampoco un intento del gobierno de controlar a la magistratura, más aún cuando varios dirigentes del centroizquierda también se pronunciaron a favor del Sí”.
En la vereda opuesta, Fabio Porta considera que la reforma apunta a debilitar la independencia de los jueces y a concentrar más poder en el Ejecutivo. A su entender, forma parte de un paquete de cambios institucionales impulsados por el gobierno italiano que podrían alterar los equilibrios del sistema republicano.
“El gobierno de Giorgia Meloni –sostiene Porta– propuso tres grandes reformas: el premierato (una reforma para fortalecer el poder del primer ministro), que finalmente no prosperó; la autonomía diferenciada, que puede aumentar las desigualdades entre las regiones. Y ahora la reforma judicial”.
Según el diputado, el objetivo de esta última sería subordinar a la magistratura al poder político. “Cada vez que el gobierno tiene un problema, le echa la culpa a los magistrados. El verdadero objetivo de esta reforma es poner a la magistratura y al Consejo Superior de la Magistratura bajo el control del poder ejecutivo”, afirma.
Porta también cuestionó los cambios propuestos para el Consejo Superior de la Magistratura, en particular el sorteo de los integrantes togados, es decir, los magistrados que forman parte del organismo.
“El resultado sería un órgano más débil, con una parte designada por la política compacta y organizada y otra parte fragmentada”, advierte, sin mencionar que también los miembros laicos (abogados y profesores de Derecho) del Csm serían elegidos por sorteo.
El parlamentario además criticó que una reforma constitucional de esta magnitud haya sido aprobada sin buscar un acuerdo con la oposición.
“La Constitución prevé que las reformas constitucionales se discutan intentando reunir mayorías amplias –acusa el diputado del PD–. En este caso el gobierno decidió imponerla sin aceptar modificaciones”.
Tampoco faltaron críticas hacia el MAIE, partido que, según Porta, está llevando adelante una “campaña muy agresiva en las redes sociales, como si este referéndum fuera una cuestión de vida o muerte. Me habría gustado ver el mismo compromiso cuando se discutía la ley de ciudadanía”.
Para Porta, una victoria del “no” podría convertirse en “el primer paso para construir una alternativa de gobierno”. Sería el primer revés político para el gobierno de Meloni y podría abrir el camino a una alternativa en las próximas elecciones. El resultado, en definitiva, también tiene un fuerte peso político para la oposición.