ROMA – “La reforma busca fortalecer el vínculo entre quienes quieren ser ciudadanos italianos e Italia. Ser ciudadano italiano es algo serio”, declaró el ministro del Exterior, Antonio Tajani, durante la conferencia de prensa del viernes pasado en el Palacio Chigi, en la que anunció el decreto-ley que modifica las reglas del ius sanguinis, es decir, la adquisición de la ciudadanía por descendencia.
Son las mismas palabras que pronunció durante su visita a Buenos Aires, a finales de 2024, cuando sugirió veladamente la posibilidad de cambios con el objetivo –subrayó en ese entonces– de garantizar que la ciudadanía italiana se otorgue solo a quienes tengan un vínculo real con el país, evitando que se la vea exclusivamente como una oportunidad para obtener un pasaporte de la Unión Europea.
La reforma incluye un decreto-ley, aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada, y dos proyectos de ley que serán presentados en el Parlamento. Según lo establecido, los ítalo-descendientes nacidos en el extranjero podrán obtener la ciudadanía italiana retrocediendo hasta dos generaciones y no más allá: solo quienes tengan al menos un padre o un abuelo nacido en Italia serán considerados ciudadanos italianos. Los demás ya no podrán reconstruir su ascendencia remontándose a antepasados más antiguos.
O, mejor dicho, podrán hacerlo, pero con una condición estricta. Los ítalo-descendientes podrán adquirir automáticamente la ciudadanía si nacen en Italia o si, antes de su nacimiento, uno de sus padres, ciudadano italiano, ha residido en el país durante al menos dos años consecutivos. Como destacó Tajani, la reforma fomenta el fenómeno de la inmigración de retorno.
El ministro también aseguró que quienes ya hayan obtenido el reconocimiento de la ciudadanía no la perderán, al igual que aquellos que hayan presentado la solicitud antes del 27 de marzo de 2025, que podrán continuar con el trámite.
El incentivo a la inmigración de retorno se enmarca en el contexto del envejecimiento de la población italiana, un problema que el gobierno intenta abordar con diversas estrategias.
Entre ellas, el turismo de raíces y, precisamente, incentivos para el regreso de los ítalo-descendientes. En cambio, la política de concesión de la ciudadanía adoptada en los últimos años no ha provocado un aumento significativo en la llegada de jóvenes.
Muchos de quienes obtienen el pasaporte italiano, especialmente en Argentina, prefieren trasladarse a España (sobre todo), Alemania o Suiza, en lugar de establecerse en Italia. Algunos residen temporalmente en el país, pero solo para completar los trámites de reconocimiento de la ciudadanía y luego mudarse a otro destino, a menudo en busca de un lugar donde se hable español o se ofrezcan mejores salarios.
El decreto-ley “Disposiciones urgentes en materia de ciudadanía” entró en vigor el sábado 29 de marzo, luego de su aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, para volverse definitivo, deberá ser convertido en ley por el Parlamento dentro de los próximos sesenta días.
Si el Parlamento no aprueba la ley, el decreto quedará sin efecto y perderá validez retroactivamente. El texto puede modificarse durante el proceso parlamentario, pero cualquier cambio deberá ser aprobado por ambas Cámaras.
El diputado Franco Tirelli (Maie, elegido en la circunscripción sudamericana) dejó en claro, en una conferencia pública, que hay oposición política a la medida. “Lucharemos en la Cámara de Diputados y en el Senado para que no se apruebe”, afirmó.
“El proyecto de ley es aún más restrictivo”, advierte el diputado. Uno de los puntos más controvertidos es la transmisión de la ciudadanía, que solo será posible para hijos y nietos. No podrá transmitirse directamente a los hijos menores, a menos que hayan nacido en Italia o uno de los padres haya vivido en el país al menos dos años.
Según Tirelli, este punto es discriminatorio e inconstitucional, y podría modificarse durante el proceso parlamentario o ser anulado posteriormente por la Corte Constitucional.
Incluso dentro de la propia coalición de gobierno hay divisiones. Algunos diputados de Fratelli d’Italia han expresado su desacuerdo, mientras que la Lega emitió un comunicado oficial manifestando su oposición al decreto. También el grupo parlamentario al que pertenece el Maie expresó su desacuerdo y pidió modificaciones.
Para Tirelli, las negociaciones serán difíciles, pero existen márgenes para introducir cambios significativos.
El decreto también introduce reformas en la gestión de los trámites de ciudadanía. Los consulados ya no se encargarán del reconocimiento de la ciudadanía, sino solo de la emisión de pasaportes y la inscripción de hijos directos.
La gestión de los trámites será transferida a una oficina especial en Roma, que centralizará todas las solicitudes del extranjero y dispondrá de hasta 48 meses para completarlas.
A partir del 28 de marzo, los consulados dejaron de aceptar nuevas solicitudes de ciudadanía y se cancelaron los turnos ya asignados. Aún queda por aclarar si los trámites iniciados en los consulados serán transferidos a la nueva oficina en Roma.
Según la abogada Katherine Muñoz Turfo, del estudio legal Raddo, el gobierno optó por actuar mediante decreto-ley porque muchas disposiciones podrían ser impugnadas y algunas de las medidas restrictivas ya adoptadas el año pasado podrían ser anuladas por la Corte Constitucional.
La aplicación retroactiva del decreto genera dudas sobre su constitucionalidad. También el diputado del Partido Democrático (PD) Fabio Porta (elegido en la circunscripción sudamericana) criticó la medida, calificándola como un ataque a los italianos en el extranjero y acusando al gobierno de Giorgia Meloni de actuar de manera apresurada en un tema tan delicado.
