BUENOS AIRES - El Senado inició este miércoles el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, en una sesión que el oficialismo logró abrir tras asegurar el quórum y cerrar negociaciones de último momento con gobernadores y sectores aliados. La Casa Rosada confía en alcanzar la media sanción antes de la madrugada.

Al defender la iniciativa, la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, afirmó: “Estamos votando una ley trascendente para adecuar normas laborales y equilibrar un sistema desequilibrado”. En la misma línea, el senador de La Libertad Avanza Juan Cruz Godoy sostuvo que el objetivo es “incorporar herramientas para que el trabajador se ponga de acuerdo con el empleador” y planteó que las reglas actuales “se pensaron para una realidad de hace 50 años”.

La Unión Cívica Radical confirmó que acompañará en general. El senador pampeano Daniel Kroneberger argumentó que el régimen vigente “quedó desactualizado y no está dando las soluciones que necesitamos”, y consideró que la reforma “puede contribuir a que quienes están afuera del sistema accedan al trabajo formal”, aunque aclaró que ninguna ley, por sí sola, genera empleo.

Desde la oposición peronista, el rechazo fue contundente. El jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, sostuvo que el proyecto “va en contra de los trabajadores” y advirtió que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Mariano Recalde, por su parte, calificó la iniciativa como “una ley revanchista” y cuestionó que “no tiene un solo artículo que beneficie a los trabajadores”.

En el mismo sentido, el riojano Fernando Rejal planteó que “no se puede hablar de generación de empleo si no se recorre ni una fábrica”, mientras que la fueguina Cristina López la definió como “un verso” y aseguró que “no crea un solo puesto de trabajo”.

El texto llegó al recinto con modificaciones introducidas en las últimas horas.

Entre los cambios más relevantes figura la marcha atrás en puntos vinculados al impuesto a las Ganancias que preocupaban a las provincias por su impacto en la coparticipación. También se mantuvo el 6% de aportes patronales a las obras sociales y se fijó un tope del 2% para el aporte solidario sindical, uno de los ejes de tensión con la CGT.

Mientras se desarrollaba el debate, la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales se movilizaron hacia el Congreso en rechazo al proyecto. La convocatoria reunió a columnas sindicales y agrupaciones políticas desde el mediodía, en una jornada marcada por un fuerte operativo de seguridad y la aplicación del protocolo antipiquetes.

Durante la tarde se registraron momentos de tensión en las inmediaciones del vallado. Según reportes oficiales, un grupo reducido protagonizó disturbios frente a las vallas. La intervención de las fuerzas de seguridad incluyó disparos de balas de goma y el uso de camiones hidrantes. Al menos dos personas fueron detenidas. Desde distintos sectores opositores cuestionaron el despliegue policial y señalaron que la respuesta fue desproporcionada.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, presente en la movilización, afirmó que “están en juego los derechos de los trabajadores” y rechazó que la iniciativa mejore las condiciones del empleo informal.

La discusión ocurre en un contexto de empleo privado estancado desde hace más de una década, aumento de la informalidad y caída del salario real en los últimos años. El Gobierno sostiene que la reforma moderniza el marco normativo y facilita la contratación. Sus detractores advierten que puede derivar en mayor precarización.

Con la votación prevista para la noche, el desenlace dependerá del nivel de cohesión de los bloques aliados y de cómo impacten las modificaciones acordadas en las últimas horas. Afuera, la protesta dejó en evidencia que el debate laboral excede el recinto y se proyecta como uno de los principales focos de conflicto político del año.