BUENOS AIRES - La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma laboral impulsada por el Gobierno, aunque con modificaciones que obligarán a que el proyecto vuelva al Senado para un tercer trámite legislativo antes de su sanción definitiva. Esta mañana el oficialismo obtuvo dictamen en comisión en la Cámara alta y apunta a tratar la iniciativa el viernes de la próxima semana.

En ese contexto, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) cuestionó la norma y advirtió que, en el actual escenario de desaceleración del consumo y caída de la actividad, una flexibilización del régimen de despidos podría agravar la dinámica recesiva.

“Facilitar los despidos en un contexto de retracción de la demanda no va a generar empleo, sino que puede acelerar ajustes de plantel”, sostuvo el presidente de la entidad, Julián Moreno, en diálogo con Il Globo. En un comunicado difundido esta semana, la organización señaló que las pymes “no tienen razones para festejar” la llamada ley de “modernización laboral”.

El planteo se apoya en la evolución reciente de los indicadores. En diciembre de 2025, las ventas minoristas pyme cayeron 5,2% interanual, según el Índice de Ventas Minoristas de CAME, mientras que la producción industrial pyme descendió 6,8% en el mismo mes. El año cerró con una variación acumulada negativa de 0,4%.

A nivel agregado, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 53,8% en diciembre, de acuerdo con el INDEC, el nivel más bajo desde marzo de 2024. En sectores como la metalmecánica, la utilización apenas alcanzó el 37%. En ese contexto de elevada capacidad ociosa, desde el sector empresario sostienen que la principal restricción es la debilidad de la demanda y no el costo laboral.

La evolución de los ingresos refuerza esa lectura. Los salarios registrados cerraron 2025 con una caída real del 2,1%, según el Índice de Salarios del INDEC, pérdida que se profundizó en el último cuatrimestre (-2,5%). Para las pymes orientadas al mercado interno, esa merma impacta directamente en el volumen de ventas.

Fuente: INDEC (Índice de Salarios) y CAME (Índice de Ventas Minoristas Pyme).

A esto se suma la contracción de la inversión pública. El gasto de capital cayó 27% en términos reales durante 2025 frente al año anterior, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que calcula las variaciones ajustadas por el IPC del INDEC. Las transferencias a provincias y municipios para obras descendieron 49% real, afectando especialmente a empresas vinculadas a infraestructura.

Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)

En ese marco, Moreno cuestionó el supuesto vínculo automático entre menor protección laboral y mayor empleo. Recordó que el período de mayor expansión del empleo en la etapa reciente coincidió con la vigencia de la doble indemnización tras la crisis de 2001.

Entre 2002 y 2007, mientras estuvo vigente ese esquema, la tasa de desempleo pasó de niveles superiores al 20% a alrededor del 8,5%, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, en un contexto de fuerte recuperación del nivel de actividad y del empleo registrado privado.

Fuente: INDEC (EPH). La doble indemnización estuvo vigente entre 2002 y 2007. Durante ese período la tasa de desempleo descendió del 21,5% al 8,5%.

“Eso muestra que el empleo depende del ciclo económico y del nivel de demanda, no simplemente del costo de despedir”, afirmó.

En la misma línea, relativizó el argumento oficial sobre la litigiosidad laboral como uno de los principales obstáculos para la contratación. “Los conflictos laborales aumentan cuando crece el desempleo. En etapas de expansión, tienden a bajar”, señaló.

Las estadísticas del Ministerio de Trabajo muestran que los juicios laborales se incrementan en períodos recesivos y se moderan cuando mejora la actividad, lo que sugiere una dinámica contracíclica más que un fenómeno estructural independiente del contexto económico.

El dirigente empresario también planteó que el actual esquema de incentivos favorece la rentabilidad financiera por sobre la inversión productiva. Mientras la industria opera con niveles de utilización históricamente bajos, grandes empresas logran financiarse en dólares mediante obligaciones negociables con tasas del 7 al 9% anual.

En paralelo, el sistema financiero ofrece rendimientos en pesos que, aunque condicionados por la inflación, presentan retornos más inmediatos que los proyectos productivos de largo plazo.

“Una inversión en maquinaria o ampliación de planta requiere años para madurar y tiene riesgo operativo. La renta financiera es más rápida y con menor exposición productiva. Con ese desequilibrio, es difícil que el capital se oriente a ampliar capacidad”, sostuvo.

Desde esta perspectiva, la discusión sobre la reforma laboral no se limita a la regulación del mercado de trabajo, sino al modelo de crecimiento. Para las pymes orientadas al mercado interno, el dinamismo del consumo y la estabilidad de los ingresos resultan determinantes para sostener inversión y empleo.