BUENOS AIRES - El Gobierno envió al Congreso su proyecto de reforma laboral y, más allá del nombre oficial de “Modernización Laboral”, lo que propone es un cambio amplio en varias reglas básicas que hoy ordenan el trabajo en la Argentina. La iniciativa toca vacaciones, jornada, indemnizaciones, actividad sindical y beneficios no salariales. El contraste con el sistema actual permite ver con precisión el alcance de cada modificación.

Uno de los cambios más visibles está en las vacaciones. Hoy deben tomarse en un solo bloque, salvo excepciones, aunque en la práctica cotidiana muchos trabajadores logran fraccionarlas por acuerdo. El proyecto permite dividirlas formalmente, pero cada tramo tiene que durar al menos siete días. Además, obliga a que, al menos una vez cada tres años, una parte del descanso incluya el verano, siempre que se respeten los mínimos establecidos.

En la organización del tiempo de trabajo aparece otra diferencia importante. Actualmente, si un empleado trabaja más horas, la empresa debe pagar horas extra con recargo. El texto enviado al Congreso plantea un cambio: habilita el “banco de horas”, un sistema que permite compensar esas horas extra con días de descanso posteriores, sin pago adicional. El acuerdo debe ser voluntario y por escrito, pero implica una lógica distinta a la actual, donde el exceso horario genera un costo inmediato para el empleador.

Las indemnizaciones también cambian. Hoy se calculan sobre la mejor remuneración mensual del último año sin topes específicos y con la mayoría de los adicionales incluidos. El proyecto mantiene la fórmula de “un mes por año trabajado”, pero introduce límites: la base de cálculo no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio y tendrá un piso del 67% de ese valor. Además, se autoriza el uso de fondos o seguros de cese laboral, algo que hoy solo existe en la construcción. En otras palabras, se pasa de un sistema único y uniforme a otro más acotado y que puede variar según cada sector.

El capítulo sindical muestra otro giro. En el régimen vigente, los convenios colectivos continúan vigentes aun cuando hayan vencido, una práctica conocida como “ultraactividad”, que evita la caída de derechos mientras se negocia un nuevo acuerdo. El proyecto elimina esa continuidad automática y permite suspender cláusulas cuando generen “distorsiones”, lo que abre una negociación más abierta pero también más inestable para los trabajadores.

A esto se suma la reducción del tiempo de actividad sindical paga para los delegados —diez horas mensuales— y la necesidad de pedir autorización para hacer asambleas dentro de la empresa, que además no serán remuneradas. También se agrega que bloqueos y tomas de establecimientos serán considerados infracciones muy graves. El esquema actual es más amplio en derechos gremiales y no tipifica estas conductas de ese modo.

Uno de los puntos más sensibles es el regreso de beneficios no remunerativos. Hoy, después de la derogación de los tickets canasta en 2007 y del criterio fijado por la Corte Suprema, casi toda prestación vinculada al trabajo integra el salario. El proyecto cambia esa lógica: define como “beneficios sociales” —y por lo tanto no salariales— a servicios de comedor y alimentación, incluso en locales externos contratados por la empresa. “No son acumulables ni sustituibles en dinero y no integrarán la base salarial”, dice el texto.

Si bien no menciona expresamente la vuelta de los tickets, en la práctica habilita un esquema similar, aunque supeditado a la reglamentación. En comparación con las reglas actuales, esto implica que una parte del ingreso del trabajador podría volver a quedar fuera de aportes, aguinaldo e indemnización.

La reforma también avanza en digitalización: recibos de sueldo, certificados médicos y planillas pasarían a existir solo en formato electrónico, con plena validez legal. Hoy el sistema es mixto y depende de cada empresa. Además, amplía los períodos de prueba en el empleo doméstico (seis meses) y en el agrario (ocho meses), tiempos en los cuales la desvinculación no requiere indemnización, algo que, según la normativa vigente, hoy ocurre en plazos más acotados.

Visto en conjunto, el proyecto combina continuidad en algunos derechos básicos con cambios fuertes en la forma en que se aplican. Las vacaciones seguirán existiendo, pero podrán dividirse; la jornada seguirá teniendo límites, pero podrá reorganizarse; la indemnización seguirá vigente, pero con montos más acotados; los beneficios seguirán permitidos, pero ya no necesariamente como salario; la actividad sindical seguirá reconocida, pero con menos margen operativo dentro de las empresas. El Congreso definirá ahora cuánto de esta reconfiguración será ley y cuánto quedará en el camino en una negociación que ya tensó al oficialismo, a los sindicatos y a parte de la oposición.