BUENOS AIRES - La causa conocida como “Sur Finanzas” sumó en las últimas horas un capítulo de alto impacto para el fútbol argentino. Por orden del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, la Policía Federal desplegó este martes 9 de diciembre un operativo simultáneo con más de 30 allanamientos en distintos puntos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a cerca de 17 instituciones deportivas.
Entre los lugares requisados figuran la sede central de la AFA en la calle Viamonte, el predio de Ezeiza donde trabaja la Selección, las oficinas de la Liga Profesional y las sedes de clubes de primera y segunda división.
Los procedimientos buscan documentación y soportes electrónicos que permitan reconstruir el circuito financiero bajo sospecha. En la mira está la firma Psp Sur Finanzas S.A., propiedad del empresario Ariel Vallejo, señalada por la Justicia como posible vehículo para blanquear fondos mediante acuerdos con clubes que atravesaban dificultades económicas.
Según la hipótesis central, la empresa habría otorgado préstamos “inflados” o estructurados a través de contratos de sponsors y derechos televisivos: los clubes recibían una suma menor pero firmaban por montos más elevados, y la diferencia regresaba a la financiera para reintroducirla luego en el sistema.
Entre las instituciones alcanzadas por las medidas aparecen Barracas Central, Banfield, Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón, Armenio, Excursionistas, Acassuso, Brown de Adrogué y Los Andes, entre otras. Algunas de ellas habrían mantenido vínculos comerciales con Sur Finanzas en los últimos tres años, período en el que la firma se convirtió en sponsor de torneos de AFA y de varios equipos.
En paralelo a los allanamientos, la fiscal del caso, Cecilia Incardona, dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de los clubes investigados para analizar transferencias, contratos y movimientos que puedan conectar a las instituciones con maniobras de lavado o evasión. La causa se originó tras denuncias de organismos tributarios nacionales que detectaron flujos millonarios entre la financiera y entidades deportivas.
El avance judicial también ocurre en un contexto político sensible. Vallejo es considerado cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien mantiene una escalada de tensión con Javier Milei.
El trasfondo del conflicto es la intención del Gobierno de habilitar que los clubes adopten la figura de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), dejando atrás el modelo tradicional de asociaciones civiles sin fines de lucro. La AFA, en cambio, sostiene en su estatuto restricciones a la participación de entidades con fines de ganancia, lo que en la práctica les impediría competir en torneos oficiales si no se cambian las reglas internas.
Por ahora no hay imputaciones públicas contra dirigentes de clubes o de la AFA, pero la Justicia busca determinar si las instituciones funcionaron como parte necesaria del esquema o si fueron usadas como pantalla financiera. El caso amenaza con profundizar la crisis de credibilidad sobre la conducción del fútbol local y promete derivaciones tanto judiciales como políticas, justo cuando el debate sobre el modelo de gestión de los clubes vuelve a dividir al país.
