BUENOS AIRES – ¿Realmente cambiará la ley sobre la adquisición de la ciudadanía? ¿El ius sanguinis (es decir, la ciudadanía por descendencia) sufrirá limitaciones? Son las preguntas que Il Globo le planteó a Antonio Tajani, ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente del Consejo de ministros de Italia.
Tajani sonríe, consciente de que en Argentina es el clásico “tema caliente”. Sonríe y no evade la pregunta.
“En primer lugar, no es una posición de todo el Gobierno, sino de mi partido, Forza Italia –aclara–. La ciudadanía para mí es algo serio, no una carrera para obtener el pasaporte de un país cuya lengua ni siquiera se conoce. Y, sobre todo, no debe ser un fraude”.
Tal afirmación hace referencia a las redes de agencias, sobre todo en Brasil, especializadas en la búsqueda de falsos antepasados y que elaboran certificados de nacimiento falsos, correspondientes a tiempos tan remotos que hacen enormemente difíciles las investigaciones sobre su autenticidad por parte de los funcionarios del Consulado o de los municipios.
“Una cosa es tener antepasados auténticos de los cuales estar orgullosos, otra es inventarse antepasados falsos, inexistentes –afirma–. Hay pequeños municipios italianos, con poco personal, que están literalmente desbordados por estas verificaciones. Y no podemos aceptar que se use un pasaporte o el derecho al voto sobre la base de una falsedad”.
Por eso, la propuesta de Forza Italia es poner límites al árbol genealógico, restringiendo la validez del ius sanguinis hasta los bisabuelos.
Lo que ha provocado malestar y preocupación en la comunidad ítaloargentina es precisamente esta posibilidad de una restricción en los criterios de acceso a la ciudadanía a través de una reconstrucción genealógica, al tiempo que la transmisión directa de la ciudadanía por parte de los ciudadanos italianos en el exterior a sus propios hijos no está cuestionada de ninguna manera.
En el Parlamento se presentan de manera periódica proyectos de ley para fijar un límite al reconocimiento de la ciudadanía por descendencia y otros que buscan introducir una forma de ius soli (que consiste en otorgar la ciudadanía a quienes nacen en el territorio de un determinado Estado, como ocurre en Argentina y Estados Unidos) para los hijos de inmigrantes regulares nacidos en Italia.
El año pasado el senador Roberto Menia, de Fratelli d’Italia (el mismo partido de la primera ministra Giorgia Meloni), presentó un proyecto de ley que habría restringido los requisitos para obtener la ciudadanía por reconstrucción genealógica estableciendo un límite de tres generaciones, siempre con el objetivo de evitar fraudes con certificados de nacimiento falsificados, cuya autenticidad resulta muy difícil de verificar al remontarse a dos siglos atrás.
Forza Italia (el partido de Tajani) querría introducir, en lugar del controvertido ius soli, una institución definida incorrectamente (porque no está prevista en el derecho romano) como ius scholae, que permitiría obtener la ciudadanía a aquellos jóvenes extranjeros que completen en Italia un ciclo de estudios de diez años (en la práctica, primaria y secundaria). De esta manera, se garantizaría la naturalización de jóvenes que hablan el idioma y, gracias a la educación, han adquirido la cultura, el civismo y el espíritu de la Constitución italianos.
La última palabra, de todas formas, la tendrá el Parlamento.
