BUENOS AIRES - El Gobierno argentino ordenó investigar la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom, empresa del Grupo Clarín, por USD 1.250 millones, luego de alertar que la operación podría concentrar el 70% de los servicios de telecomunicaciones en un solo grupo económico. 

La transacción despertó preocupación en las autoridades por su impacto en la competencia, los precios y los derechos de los usuarios, en medio de un contexto inflacionario. Un gobierno que decide intervenir en un mercado que considera que debe ser libre.

La filial argentina de la española Telefónica fue vendida a Telecom en una operación que fusionaría marcas clave como Movistar, Movistar TV y Tuenti con las ya controladas por el Grupo Clarín: Personal (telefonía móvil e internet) y Flow (TV por cable y streaming). De concretarse, el conglomerado dominaría gran parte del mercado de telecomunicaciones, incluyendo telefonía fija, móvil, internet y televisión paga.  

Horas después del anuncio, el Gobierno publicó un comunicado en X instruyendo al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) a analizar si la operación configura un “posible monopolio”. 

El texto oficial subrayó:“Esta adquisición podría dejar el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió dicha empresa”.

Y agregó que, de confirmarse este escenario, el Estado tomará “todas las medidas para evitarlo”, argumentando que la concentración iría “en contra de la libre competencia y atentaría contra el proceso desinflacionario”.  

El Enacom respaldó la postura estatal con un comunicado que sorprendió por su mención a los “controles” regulatorios, en contraste con la política de desregulación impulsada en los últimos meses. La entidad sostuvo que el marco legal vigente permite “garantizar el derecho de elección de los usuarios, la libre competencia, la asequibilidad y la accesibilidad” de los servicios, además de proteger derechos como “la comunicación, la información y la libertad de expresión”.  

Telecom defendió la operación al asegurar que impulsará la infraestructura digital del país: “Telecom continuará desarrollando la banda ancha fija y móvil, acelerará el despliegue de fibra óptica y 5G. Argentina contará con una infraestructura de nivel internacional”, señaló la empresa. El grupo prometió ampliar coberturas y mejorar la calidad de los servicios, aunque evitó referirse directamente a las advertencias por concentración de mercado.

No es la primera vez que el Grupo Clarín es acusado de concentración por las autoridades antimonopolio argentinas. La ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, aprobada en 2009 durante el gobierno de Cristina Kirchner y derogada por Mauricio Macri pocos días después de asumir la presidencia en 2016, tenía como objetivo fomentar la competencia y obligaba al Grupo Clarín a vender parte de sus activos.

La normativa anterior sobre comunicaciones se remontaba a los años de la dictadura.

El Grupo Clarín impugnó cuatro artículos de la ley y dio inicio a un largo litigio legal que terminó en nada gracias, precisamente, a la decisión de Macri, cuya candidatura fue fuertemente respaldada en la campaña electoral por todos los medios del holding, como también ocurrió con Milei. Ahora, por una extraña ironía del destino, el Grupo Clarín corre el riesgo de caer bajo fuego amigo.