ROMA – “Nunca dudamos de que esta ley fuera inconstitucional, pero no esperábamos que la primera presentación llegara tan rápido”. Franco Tirelli, diputado del MAIE (Movimiento Asociativo de Italianos en el Exterior), elegido por la circunscripción de América Latina, se muestra incluso exultante.

El miércoles 25 de junio, el tribunal de Turín aceptó el pedido de procedimiento incidental ante la Corte Constitucional, presentado por AGIS (Asociación de Juristas Iure Sanguinis) y AUCI (Abogados Unidos por la Ciudadanía Italiana), que ponen en duda la constitucionalidad de la ley 74. Esta norma, que reemplazó al decreto-ley 36 (conocido como decreto Tajani), introdujo de un día para el otro importantes restricciones –sentidas como castigo por parte de la comunidad italiana– a la transmisión de la ciudadanía por descendencia.

El procedimiento incidental es un mecanismo jurídico que permite, en el marco de un juicio, que una o ambas partes cuestionen la legitimidad constitucional de una ley clave para el resultado del proceso. Si el juez considera que la duda no es “manifiestamente infundada”, suspende el juicio y traslada el caso a la Corte Constitucional.

“Pensábamos que íbamos a tener que esperar un año hasta que la Corte se pronunciara –continúa Tirelli–. Pero ahora es probable que el caso se trate ya en octubre”.

Para el diputado, “la decisión del Tribunal de Turín confirma lo que venimos diciendo desde el principio: la ley es inconstitucional porque no respeta el principio de igualdad entre ciudadanos. Un italiano nacido en el exterior se convierte en un ciudadano de segunda, porque no puede transmitir la ciudadanía”.

Se repite así la misma desigualdad que existía cuando las mujeres no podían transmitir la ciudadanía a sus hijos, una injusticia que fue corregida con una reforma legal. “Ahora, en cambio, el Parlamento parece estar yendo en la dirección contraria”, advierte.

El mismo problema se presenta con quienes tienen doble ciudadanía, ya que la ley 74 los excluye del derecho iure sanguinis. “Sobre esto –dice Tirelli– entre Italia y Argentina existe un tratado específico que garantiza la posibilidad de conservar la ciudadanía italiana aun adquiriendo la argentina. La ley 74 incluso viola ese acuerdo”. Sin contar que castiga especialmente a los italianos de países con ius soli pleno, como la Argentina, donde la ciudadanía por nacimiento no es una opción, sino una obligación.

“Da la sensación de que es una ley escrita apurada y mal, por presiones externas al gobierno”, dice Tirelli.

El diputado coincide en que algunos cambios eran necesarios. “Tajani, en su visita a Argentina, insistió en la importancia de mantener los lazos culturales con Italia. Pero entonces hubiera bastado con introducir un examen de idioma, como ya ocurre para obtener la ciudadanía por matrimonio”.

Otro problema real, señala Tirelli, son los casos de corrupción o falsificación de partidas de nacimiento anteriores a 1900. “Es un problema real –reconoce–. Pero si descubrimos un caso de corrupción en un hospital, ¿investigamos y castigamos a los responsables o cerramos el hospital?”. Lo mismo ocurre con la sobrecarga de trabajo en los consulados: “En lugar de enviar más personal, se bloquea por ley el acceso a un derecho”.