CARACAS –  La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pronunció una de sus frases más contundentes desde el inicio de la crisis, ante una audiencia de trabajadores petroleros y en un discurso transmitido por la televisión estatal: “Basta de órdenes de Washington a los políticos en Venezuela”.

Con esas palabras, Rodríguez retomó la retórica soberanista del chavismo, en un intento por marcar distancia con Estados Unidos sin reivindicar de manera explícita la herencia del gobierno de Nicolás Maduro.

En su intervención, la funcionaria vinculó el rechazo a las “órdenes de Washington” con la necesidad de autonomía política interna y con la gestión directa de los conflictos y divergencias venezolanas a través de la política nacional, y subrayó que el país ya pagó “un precio muy alto por las consecuencias del fascismo y del extremismo”.

Su defensa de la autodeterminación se dio en el marco de un lento proceso de excarcelación de presos políticos.

El viernes, el Ejecutivo anunció la liberación de 626 personas e invitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a verificar los datos, en medio de denuncias de organizaciones de la sociedad civil que sostienen que miles de detenidos continúan privados de la libertad o bajo severas restricciones.

Sin embargo, mientras Rodríguez lanza mensajes de desafío a Washington, la realidad económica que rodea a Venezuela expone una dinámica de poder mucho más compleja.

La semana pasada, la propia Rodríguez impulsó un proyecto de reforma parcial de la ley de hidrocarburos, presentado ante la Asamblea Nacional con el objetivo de romper décadas de estatismo pleno en el sector petrolero y atraer inversiones externas, incluidas las de compañías estadounidenses, para reactivar una industria fuertemente deteriorada.

De la intervención norteamericana y del control de hecho sobre las ventas de crudo venezolano —principal motor de la economía de Caracas— surgió una nueva palanca de influencia de Washington sobre la vida económica del país.

En los últimos días, expertos y documentos internacionales señalaron que el control estadounidense sobre las exportaciones venezolanas capturó recursos que antes se destinaban, en parte, a atender la gigantesca deuda externa con China, estimada en unos 150.000 millones de dólares.

Ese sistema de pago —mediante el cual una porción del petróleo se entregaba a Pekín como compensación por préstamos— quedó seriamente afectado por el decomiso de cargamentos y el control de los ingresos petroleros por parte de Washington.

Este nuevo rol de Estados Unidos en la administración de los ingresos del sector podría volver aún más difícil la reestructuración de la deuda con China y complicar las negociaciones con otros acreedores, profundizando los problemas financieros del país y elevando las tensiones entre las grandes potencias con presencia en la región.