CARACAS - Tarek William Saab y Alfredo José Ruiz Angulo presentaron el miércoles 25 de febrero sus dimisiones como fiscal general de la República y Defensor del Pueblo en Venezuela.

El anuncio lo hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una sesión parlamentaria en la que se leyeron las cartas de renuncia de ambos funcionarios.

En su comunicación, Ruiz Angulo explicó que decidió apartarse del cargo por “razones de carácter personal, familiar y de salud” que requieren su plena atención.

Saab, en cambio, sostuvo que considera haber “cumplido con hidalguía y honor” su mandato en un contexto complejo y marcado por importantes desafíos para el país. El término hidalguía alude a una “nobleza de espíritu”, “entereza” y “generosidad caballeresca”.

El dirigente estaba al frente del Ministerio Público desde 2017 y, durante su gestión, encabezó investigaciones y procesos que generaron polémica, especialmente aquellos que involucraron a referentes de la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Las renuncias fueron aceptadas en la misma sesión. El Parlamento conformó una comisión integrada por 13 diputados con la tarea de evaluar postulaciones y proponer, en un plazo de 30 días, a las nuevas autoridades tanto del Ministerio Público como del organismo encargado de la defensa de los derechos ciudadanos, equivalente a la figura del ombudsman.

A la espera de las designaciones definitivas y por propuesta de Jorge Rodríguez, la Asamblea nombró al propio Saab como Defensor del Pueblo interino. Como titular provisorio del Ministerio Público fue designado el abogado Larry Daniel Devoe Márquez, hasta ahora secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Saab tiene una extensa trayectoria dentro del chavismo: fue diputado, integrante de la Asamblea Constituyente y gobernador. Frente a los cuestionamientos, siempre afirmó que el Ministerio Público actuó conforme a la ley contra quienes violaban el ordenamiento jurídico y perjudicaban al país.

La decisión de otorgarle el cargo interino en la Defensoría generó protestas de la organización Human Rights Watch. En un mensaje, su directora para las Américas, Juanita Goebertus, señaló que, aunque la salida de Saab de la Fiscalía podría interpretarse como una señal positiva, su nueva designación constituye “una cachetada a las víctimas” de la represión.

Según la entidad, un cambio de fondo exigiría la designación de un fiscal verdaderamente independiente, que ponga fin a la persecución del disenso y garantice la liberación y la amnistía de los detenidos políticos.