BUENOS AIRES – Se define como un “extremista del garantismo”. De hecho, las ideas de Vittorio Manes (profesor titular de derecho penal en la Universidad de Bolonia) están en las antípodas de las políticas actuales en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Tanto en Italia como en Argentina, donde el gobierno ha adoptado la mano dura del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

La visita de Manes a Argentina contó con el fuerte apoyo del Circolo Giuridico de Argentina, ONG que trabaja por la difusión de la legalidad, en colaboración con Libera, la organización antimafia fundada por Don Luigi Ciotti. Manes sostuvo una serie de encuentros y conferencias con colegas juristas en diferentes ciudades.

“No es a través del derecho penal como se combate a la mafia –comienza–. El derecho penal se utiliza para reprimir hechos concretos, pero si se convierte en una herramienta para combatir un fenómeno social, no dará buenos resultados”.

Manes fue el defensor de Bruno Contrada y del general Mario Mori, policías italianos implicados en la lucha contra la mafia que fueron acusados ​​de proximidad con líderes mafiosos.

“El sistema italiano es muy sensible pero poco preciso –explica– y por eso corre el riesgo de revelar ‘falsos positivos’, es decir, acusar a personas inocentes. Y sabemos que en una democracia es válido el principio de que un criminal está mejor en libertad que una persona inocente tras las rejas”.

Para Manes, la búsqueda de un equilibrio entre la lucha contra la delincuencia y el respeto a las libertades es fundamental. Por eso advierte por los juicios realizados por los medios de comunicación.

“Los juicios se celebran ante los tribunales con pruebas obtenidas legalmente –afirma–. Por el contrario, el juicio mediático se concentra todo en la parte preliminar, con el riesgo de permitir que prevalezca una narrativa única”. Esto hace que los propios jueces no se sientan libres. “Sobre todo con una opinión pública convencida de que el imputado sea culpable”, subraya.

Por supuesto, se trata de posiciones poco populares. “Valores que son difíciles de llevar adelante y hacer entender”, subraya. Y enumera datos sobre la situación de las cárceles en Italia, con 78 suicidios de presos en 2024 y una tasa de hacinamiento del 120 por ciento.

Y hace hincapié sobre todo al sistema penitenciario de menores. “Educar a un menor a través de la cárcel es como enseñarle a una persona a nadar fuera del agua –afirma–. La prisión solo debería ser utilizada para neutralizar a personas socialmente peligrosas, no para reeducar. Con esto no quiero abolir el derecho penal, solo pienso que pueden existir otras herramientas. Pero la política ha descubierto que las leyes penales no tienen costo”.

Malena Errico, presidenta del Circolo Giuridico, considera muy importante la visita de Vittorio Manes, “que nos invita a quitarnos las anteojeras  –afirma– para mirar más allá de las soluciones estrictamente punitivas y buscar una política antimafia que combine el control del crimen con políticas sociales que contribuyan a una transformación real de las comunidades afectadas”.

En comparación con las experiencias latinoamericana y argentina, el enfoque antimafia italiano se tiene en cuenta sobre todo en sus partes relativas al fortalecimiento del poder policial y al uso de medidas preventivas, que la mayoría de las veces entran en tensión con las garantías individuales.

“Como Circolo Giuridico, intentamos ir más allá, abordando las raíces sociales y económicas del crimen organizado”, continúa Errico, recordando el encuentro, hace unas semanas, en Buenos Aires, con Marta Cartabia (ex presidenta del Tribunal Constitucional italiano y ex ministra de Justicia).

“Estamos de acuerdo con la visión de Cartabia sobre políticas que promuevan el desarrollo y la inclusión –concluye Enrico–. Encontrar un equilibrio entre el enfoque represivo del Estado y la ‘justicia social’ podría ofrecer a Argentina y América Latina una estrategia integral que reconozca tanto la necesidad de controlar el crimen como construir resiliencia comunitaria e igualdad de oportunidades”.