ESTRASBURGO – El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, fruto de más de veinte años de negociaciones y firmado a fines de 2025, busca crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores de ambos bloques y sectores clave involucrados como el agro, la industria automotriz y los servicios.

Antes de la ratificación definitiva, sin embargo, numerosos eurodiputados plantearon dudas sobre la compatibilidad del tratado con los Tratados de la UE. En ese marco, invocaron el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y señalaron posibles conflictos en materia ambiental, de protección al consumidor y del principio de precaución.

Este miércoles, luego de un debate extremadamente ajustado, el Parlamento Europeo resolvió someter el acuerdo a un control jurídico de la Corte de Justicia de la UE, una decisión que podría retrasar su entrada en vigencia hasta por dos años.

La resolución fue aprobada por apenas diez votos de diferencia: 334 a favor (50%), 324 en contra (48%) y 11 abstenciones (2%). En total votaron 669 eurodiputados, mientras que otros cincuenta no participaron. El resultado fue celebrado con aplausos por quienes impulsaron la medida. A partir de ahora, el Parlamento no podrá pronunciarse sobre el consentimiento final al tratado hasta que la Corte emita su dictamen, un proceso que suele demorar entre 18 y 24 meses.

La decisión da continuidad a las resoluciones B10-0060/2026 y B10-0061/2026, que solicitan verificar si los textos del Acuerdo de Asociación y del acuerdo comercial interino con el Mercosur son compatibles con los Tratados de la Unión Europea.

Según los impulsores, se trata de una revisión estrictamente jurídica. “Este voto no es un ‘a favor o en contra’ del acuerdo UE–Mercosur: el objetivo es comprobar si se sostiene desde el punto de vista legal”, explicó la eurodiputada verde Majdouline Sbaï (Francia), quien junto a su colega belga Saskia Bricmont, del mismo bloque ecologista, coordinó un grupo de trabajo transversal que presentó el recurso.

La resolución pone el foco especialmente en el denominado “mecanismo de reequilibrio”, una cláusula pensada para proteger el acceso a los mercados acordado entre las partes. Para los críticos, este instrumento podría limitar la capacidad de la UE de introducir nuevas normas ambientales o sanitarias sin exponerse a litigios.

El texto también recuerda el compromiso asumido por los Estados miembros en 2018 de considerar el acuerdo UE–Mercosur como un “acuerdo mixto”, lo que implica no solo la aprobación de las instituciones europeas sino también la de los Parlamentos nacionales, y cuestiona la posibilidad de que la Comisión intente eludir ese paso.

Los números de la votación reflejan un Parlamento profundamente dividido, no solo entre los distintos bloques políticos sino también dentro de ellos. El resultado dio lugar a una alianza transversal poco habitual entre la izquierda, los verdes y la derecha radical, enfrentada a los grupos centristas y de gobierno, partidarios de avanzar rápidamente con la ratificación.

La votación dio lugar a una alianza transversal poco convencional entre la izquierda, los verdes y la derecha radical, enfrentada a los bloques centristas y de gobierno, que impulsan una ratificación rápida del acuerdo.

La izquierda votó de manera compacta a favor de solicitar el dictamen de la Corte, al igual que una amplia mayoría de los Verdes, que justificaron el freno por razones ambientales y de seguridad alimentaria. También el bloque de extrema derecha Patriots for Europe apoyó mayoritariamente la resolución, en línea con su rechazo histórico al acuerdo.

En cambio, los principales grupos centristas —el Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas y Demócratas (S&D) y Renew Europe— se manifestaron en su mayoría en contra, al considerar que el recurso judicial puede bloquear un acuerdo estratégico para la posición económica y geopolítica de la Unión.

La votación expuso además una grieta entre el norte y el sur de Europa, así como entre intereses agrícolas e industriales, y diferentes lecturas sobre el peso de la dimensión geopolítica frente a la regulatoria.

El voto pone en evidencia una fractura entre el Norte y el Sur y entre el sector agropecuario y el industrial, además de una valoración distinta del peso de la dimensión geopolítica frente a la regulatoria.

A nivel nacional, influyeron con fuerza las posturas de países tradicionalmente críticos del acuerdo, como Francia, Polonia, Irlanda y la región belga de Valonia, mientras que en Alemania, Italia y España predominó el rechazo a pedir la opinión de la Corte.

Más allá de los aspectos legales y ambientales, el debate en torno al acuerdo UE–Mercosur siempre estuvo atravesado por consideraciones geopolíticas. Los argumentos económicos a favor —desde el acceso a los mercados latinoamericanos hasta la protección de las cadenas de valor europeas— son numerosos, pero no fueron suficientes por sí solos para cerrar las negociaciones.

El factor decisivo habría sido el contexto internacional, en particular los años de las presidencias de Donald Trump y su política comercial agresiva y proteccionista. El uso sistemático de aranceles por parte de Estados Unidos habría funcionado como un inesperado impulsor del acuerdo, empujando a la Unión Europea a reforzar sus alianzas comerciales y, según algunos analistas, a construir una mayoría calificada favorable dentro del Consejo Europeo.

No por casualidad, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, volvió a defender con énfasis el acuerdo desde el escenario del Foro Económico Mundial de Davos, enmarcándolo explícitamente en clave geopolítica: “Este acuerdo envía un mensaje fuerte al mundo”, afirmó. “Elegimos el comercio justo en lugar de los aranceles. La cooperación en lugar del aislamiento. La sostenibilidad en lugar de la explotación”.

La UE, aunque sigue siendo un actor relevante sobre todo en el plano económico, corre el riesgo de perder influencia relativa en el escenario global. En ese contexto, el acuerdo con el Mercosur adquiere un valor que trasciende lo comercial. Cuando la Unión Europea no ocupa espacios económicos y políticos, otros lo hacen. En América Latina, esos actores son principalmente Estados Unidos y China, pero cada vez más también países asiáticos emergentes.

Por eso, sostienen los defensores del tratado, el acuerdo UE–Mercosur es clave tanto en términos geoeconómicos como geopolíticos, incluso a costa de concesiones difíciles. Ahora, si la Corte de Justicia decide avanzar con el análisis, el voto final del Parlamento quedará en suspenso hasta la publicación del dictamen, con el riesgo concreto de una postergación de meses, o incluso de años.