LIMA – A poco más de cien días de haber asumido el cargo, luego de la destitución de Dina Boluarte, el presidente interino de Perú, José Jerí, quedó envuelto en una profunda crisis política que los medios locales ya bautizaron como “Chifagate”.
La polémica gira en torno a una serie de reuniones privadas que, según las primeras averiguaciones, habrían tenido como objetivo favorecer a un empresario de origen chino en la adjudicación directa de contratos públicos, sin licitación, lo que abrió un nuevo frente de inestabilidad institucional en el país.
José Jerí quedó bajo investigación preliminar por parte de la Fiscalía de la Nación y, casi en simultáneo, el Congreso activó el trámite de dos mociones de censura en su contra, poniendo en riesgo la continuidad del gobierno transitorio.
La Fiscalía abrió un expediente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, a partir de la difusión de informaciones e imágenes que darían cuenta de encuentros no oficiales entre Jerí y el empresario chino Zhihua “Johnny” Yang.
De acuerdo con lo que trascendió, las reuniones se habrían realizado fuera de ámbitos institucionales y no habrían sido registradas en la agenda oficial de la Presidencia, lo que despertó serias dudas sobre la transparencia de la gestión del mandatario interino.
La investigación, que se encuentra en una etapa inicial y bajo estricta reserva, apunta a determinar si esos encuentros beneficiaron intereses privados o si fueron utilizados para ejercer presiones indebidas sobre organismos del Estado.
Desde la Fiscalía aclararon que, tal como establece la ley para los casos que involucran a altas autoridades, las primeras diligencias se desarrollarán sin declaraciones públicas detalladas.
En paralelo, en el Congreso, sectores de la oposición reaccionaron presentando dos pedidos de censura contra Jerí. Los impulsores sostienen que el jefe del Ejecutivo interino dañó la credibilidad de la institución presidencial y vulneró los principios de transparencia que exige el cargo.
Las mociones ya reunieron un número significativo de firmas y podrían ser incorporadas al temario de las próximas sesiones parlamentarias.
Desde el punto de vista constitucional, la situación de Jerí es especialmente delicada. Al tratarse de un presidente interino, para su remoción alcanza con el voto de la mayoría absoluta del Parlamento, un umbral más bajo que el requerido para destituir a un presidente elegido por voto popular. Esto vuelve el desenlace político altamente incierto.
José Jerí rechazó las acusaciones, negó haber cometido irregularidades y afirmó que no piensa renunciar. Según su postura, las iniciativas parlamentarias formarían parte de una estrategia de desestabilización política de cara a las elecciones generales previstas para este año.
