LA PAZ — Hasta el 30 de septiembre, Roger Mariaca era considerado uno de los hombres más poderosos de Bolivia. Esa noche, poco después de aterrizar en un vuelo desde Sucre, fue detenido por la policía en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. Cinco días más tarde, ya como exfiscal general, sumaba dos órdenes de detención preventiva y era trasladado a un penal de Potosí.

La caída empezó en Washington. Dos días antes del arresto, el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa y lo acusó de recibir “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”, según recogió AFP. Mariaca negó las acusaciones y atribuyó la medida a una injerencia política motivada por sus propias investigaciones.

Junto a él cayeron el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos —también sancionado por Washington—, el fiscal superior Martín Irusta y el mayor de policía Rubén Aparicio, a quienes el gobierno de Rodrigo Paz acusa de haber favorecido al narcotráfico. De acuerdo a la prensa local, los aprehendidos fueron 14 en total. Los cargos incluyen organización criminal, lavado de activos y narcotráfico.

La versión oficial sostiene que la Fiscalía, bajo la conducción de Mariaca, funcionaba como una estructura dedicada a dar protección al crimen organizado. Para reforzar esa tesis, la policía difundió un video grabado durante la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en marzo, en el que este se refiere a Mariaca como su “amigo”. La paradoja es que Marset fue capturado durante la gestión de Mariaca y luego expulsado a Estados Unidos con apoyo de la DEA.

El operativo estuvo repleto de controversias. La defensa sostiene que no había orden de captura ni flagrancia, y el fiscal antinarcóticos Miguel Gonzales afirmó que el arresto se hizo sin orden alguna. Esa misma noche, un funcionario de la Fiscalía denunció en una transmisión en vivo desde Sucre el “secuestro” de Mariaca y un allanamiento ilegal de la sede del Ministerio Público por parte de agentes encapuchados.

El trasfondo político pesa. Mariaca fue elegido en octubre de 2024 para un mandato de seis años por la legislatura anterior, con mayoría del Movimiento al Socialismo de Evo Morales y Luis Arce. El gobierno de Paz, que busca estrechar lazos con Estados Unidos, tiene ahora la oportunidad de reemplazarlo.

La Fiscalía declaró su “ausencia definitiva” y asumió de forma interina Luis Montaño Morales, el fiscal superior más antiguo. En paralelo, la Asamblea Legislativa reformó en una sesión maratónica la ley del Ministerio Público para que la imputación sea causal de destitución de un fiscal, entre acusaciones de inconstitucionalidad.

El domingo 4 de octubre llegó la segunda orden de detención preventiva, esta vez por presunta legitimación de ganancias ilícitas. La causa se abrió después de que la policía encontrara dinero en una ambulancia que salió de su domicilio en Santa Cruz la noche del arresto. Lo que se discute ahora en Bolivia no es solo la culpabilidad de un fiscal, sino si la justicia que lo juzga puede presentarse como independiente del poder que lo removió.