BUENOS AIRES – La Policía Federal detuvo en San Telmo a Bettina Kopcke, la esposa de Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas que el 10 de noviembre se fugó del arresto domiciliario cuando estaba a punto de ser extraditado a Italia. La mujer, una ciudadana alemana de 77 años, está acusada de haber colaborado con la fuga. La orden la firmó la jueza federal María Romilda Servini, a pedido de la fiscal Alejandra Mangano.
Su abogado, Rodolfo Yanzón, rechazó la acusación en diálogo con Il Globo. “Está detenida, iba a prestar declaración indagatoria en un rato (por esta tarde) y tendrían que disponer la libertad debido a que no existe ningún elemento de prueba y que además no hay ningún peligro ni de fuga ni de obstaculizar la acción judicial”, explicó Yanzón pocas horas antes de la audiencia. Para el letrado, “esta detención es sólo una medida, una extorsión para que Leonardo Bertulazzi se entregue”, y la calificó como “una de las tantas arbitrariedades cometidas por la jueza Servini”.
El jueves, Kopcke se presentó ante Servini y la fiscal Mangano y negó haber sabido del plan de fuga. Según contó su abogado a la prensa local, se enteró de que su marido no estaba recién cuando la policía golpeó la puerta, alrededor de las ocho de la mañana.
Los investigadores sostienen otra cosa. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó en la red social X que en el celular que Bertulazzi dejó al escapar aparecieron “elementos que indicarían que Kopcke colaboró con la fuga”. Entre ellos hay fotos de la mujer frente al portón por el que salió su marido y de las cuerdas que habría usado para bajar. Según medios argentinos, las imágenes son de 2025. Hay otro dato que también juega en su contra: en 2024 ella firmó como garante cuando a Bertulazzi le concedieron la prisión domiciliaria.
La detención generó el rechazo de decenas de organismos de derechos humanos, que difundieron un comunicado conjunto. Entre los firmantes figuran Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que desde los años setenta buscan a sus hijos desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983). También firmaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) e H.I.J.O.S., la agrupación de hijos de desaparecidos. Según los organismos, la orden de Servini no tiene sustento legal, porque sobre Kopcke no pesa ninguna causa ni condena. La calificaron como “una decisión judicial de absoluta crueldad, servil al poder político de turno”. Sostienen además que ensañarse con los familiares de Bertulazzi es “una clara estrategia extorsiva inaceptable en Democracia”.
El comunicado recuerda que el italiano vivió más de veinte años en el país como refugiado y afirma que los delitos por los que fue condenado en Italia estaban prescriptos. Los firmantes también apuntan contra jueces y fiscales, a quienes acusan de complicidad con el gobierno de Javier Milei. Según ellos, el gobierno buscó entregar a Bertulazzi “como trofeo político al gobierno italiano”, y por eso reclaman la “inmediata libertad” de Kopcke.
Bertulazzi tiene 74 años, nació en el Véneto y se crió en Génova. En los años setenta militó en la columna genovesa de las Brigadas Rojas con el nombre de guerra “Stefano”. Las Brigadas Rojas fueron una organización armada de extrema izquierda que en esa época cometió secuestros y asesinatos en Italia, entre ellos el del líder de la Democracia Cristiana Aldo Moro, en 1978. El nombre de Bertulazzi está ligado sobre todo al secuestro del ingeniero naval genovés Piero Costa. Costa fue secuestrado el 12 de enero de 1977 y liberado 81 días después a cambio de un rescate que sirvió para financiar al grupo. Por ese caso, y por banda armada y asociación subversiva, la Justicia italiana lo condenó en ausencia a 27 años de prisión.
Bertulazzi estaba prófugo desde 1980 y ya había sido detenido en la Argentina en 2002. Quedó libre porque el país no concedía extradiciones por condenas dictadas en ausencia, y en 2004 obtuvo el estatus de refugiado. El 29 de agosto de 2024, la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) se lo quitó, y ese mismo día fue detenido. Un año después, el 1° de julio de 2025, la Corte Suprema dio luz verde a la extradición. Pero la revocación del refugio todavía se discute en la Justicia contencioso administrativa, y la decisión final sobre la entrega le corresponde al Poder Ejecutivo.
La fuga se produjo poco después de que la Justicia rechazara el último recurso de la defensa. Bertulazzi se sacó la tobillera electrónica, la envolvió en carne de cerdo para que no saltara la alarma y bajó con un arnés desde el quinto piso del edificio donde cumplía el arresto. Además de su esposa, por el caso están detenidos un ciudadano uruguayo y una mujer salvadoreña. Este jueves, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal suspendió el trámite de extradición hasta que el exbrigadista sea capturado. Bertulazzi sigue prófugo.